LAB, ESK y CCOO se han movilizado para advertir de que el tercer sector está en riesgo en Bizkaia. En la concentración realizada ayer en Bilbo ante la sede de la Diputación, los sindicatos han afirmado que "la alarma roja" está encendida.
Estamos en pleno proceso de cambios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, con el desarrollo del mapa y la cartera, contemplado por la Ley de Servicios Sociales; según la misma, este proceso debería estar finalizado para 31 de diciembre de 2016.
Los retrasos por parte de las instituciones y la dejación por parte de Diputación de Bizkaia en esta materia han sido y son la tónica, generándose una situación de desconcierto que se acrecienta con la división de los servicios sociales en dos áreas forales: servicios sociales e inclusión social. Si la situación de conjunto no es nada halagüeña, la alarma roja está encendida en el ámbito de la inclusión social.
Este proceso de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales se da en el mismo contexto de recortes que llevamos sufriendo desde el año 2010. Recortes que hemos sufrido tanto las personas trabajadoras (despidos, precarización, pérdida de poder adquisitivo) como las usuarias de los servicios (desmantelamiento progresivo de los servicios y exclusión de las usuarias de los mismos).
A día de hoy, hay muchas incógnitas sobre el futuro del tercer sector en Bizkaia, sobre todo en lo referido a las competencias municipales, pero las pocas cosas que se van sabiendo nos preocupan, y mucho.
El territorio se pretende dividir en cuatro zonas de intervención: Bilbao, Margen Izquierda, Margen Derecha y Durangaldea. Respecto a los servicios no residenciales se instalarán macrocentros de día (dos en Bilbao), que serán concertados directamente con entidades sociales elegidas por el De- partamento Foral de Inclusión. ¿Qué pasará con el resto de las entidades y su personal? De momento la callada por respuesta.
Por su parte, la mayoría de los servicios residenciales están amenazados. Es Diputación la que tiene que hacer las derivaciones en base a una herramienta de diagnóstico absolutamente restrictiva y que muy poca gente supera. Por tanto, se prevé que sobren muchas de las plazas que a día de hoy están conveniadas.
¿Qué va a pasar con todos aquellos servicios que no entren en ese mapa? ¿Qué alternativa hay para la gente que está en riesgo de perder sus puestos de trabajo? ¿En qué condiciones se va a seguir desarrollando el trabajo de inclusión social?