La subcontratación de obras y servicios ha sido una decisión que a lo largo del tiempo han ido adoptando los partidos que han gobernado las instituciones de Euskal Herria. Se trata de una decisión de carácter político que ha sido mayormente adoptada por PNV, PSE y UPN, y que ha tenido graves consecuencias en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, así como en el modelo de los servicios públicos.
LAB defiende que los servicios que se prestan a la ciudadanía tienen que darse por empleados y empleadas públicas, y siendo éste el objetivo, vemos la necesidad de empezar a tomar medidas urgentes para acabar con la precariedad en estas subcontrataciones.
En este sentido, en la propuesta presentada de cláusulas sociales se recogen medidas como la obligación de aplicar los convenios provinciales (prohibiendo la aplicación de convenios estatales en caso de que en algún momento hubiera habido alguno de aplicación provincial). Entre otras, la imposibilidad de que las empresas subcontratadas realicen alguna inaplicación del convenio, que se respete en todo momento el número mínimo de trabajadores y trabajadoras necesarias para realizar el servicio, la subrogación de las y los trabajadores, medidas que garanticen la igualdad de género, cumplimiento de la total normativa de salud laboral, garantizar el uso del euskera…
Desde LAB entendemos que la aplicación de estas condiciones en la subcontratación pública responde a la obligación que corresponde a estas instituciones con respecto a los y las trabajadoras que realizan estos servicios. Por tanto, el seguir o no mirando hacia otro lado ante la precariedad laboral que se da en estos sectores es una decisión política.