2024-04-15
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Valoración de LAB al Proyecto de Presupuestos de la CAV para 2015

Presupuestos continuistas: consolidación de recortes sociales y nula contribución al impulso de la actividad económica y el empleo

El proyecto de presupuestos para 2015 viene marcado por el continuismo y la consolidación de los recortes aplicados en años anteriores, profundizando así el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales del personal al servicio de la administración. 
El planteamiento presupuestario del Gobierno de Lakua, además de conservador, resulta un tanto paradójico con el escenario base utilizado para la elaboración de las cuentas públicas, ya que parte de una visión complaciente de la coyuntura actual y de unas expectativas más optimistas para el próximo año. Aunque este optimismo contrasta bruscamente con la realidad que percibe la ciudadanía.

Concretamente, según las previsiones del ejecutivo jeltzale la recaudación de las haciendas forales en 2015 aumentará un 5,5% y esto permitiría que las Diputaciones incrementen su aportación para financiar el presupuesto de la CAV en cerca de 458 millones de euros.

Sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos se verá mermada en gran medida por otras decisiones incompatibles con una orientación expansiva del gasto público:

1. Atender con prioridad el pago de la deuda y sus intereses, de manera que el impacto de la carga financiera aumenta un 21,4% en el presupuesto de 2015 e incrementa la factura por este concepto en más de 174 millones.

2. Cumplir con el objetivo de déficit público (que se reduce del 1% al 0,7% del PIB) supondrá disminuir en unos 200 millones los recursos para financiar el gasto operativo de los distintos departamentos del Gobierno.

En este sentido, es oportuno subrayar la incoherencia y el doble juego del PNV, que en el Congreso desafía al gobierno del PP a practicar la insumisión presupuestaria, incumplir el déficit y dar un giro en la política económica para no caer en una nueva recesión. Por el contrario, este mismo partido al frente del gobierno autonómico se convierte en el garante del rigor y la austeridad presupuestaria.

A este respecto cabe recordar que organismos tan poco sospechosos como el FMI vienen alertado de manera insistente sobre la conveniencia de flexibilizar el proceso de consolidación fiscal, con el fin de alargar los plazos para reducir el déficit y no agravar todavía más el estancamiento económico que padece la zona euro.

En efecto, ya casi nadie pone en cuestión el fracaso de las políticas adoptadas con el pretexto de salir de la crisis, porque no han hecho sino empeorar la situación e incrementar las desigualdades sociales. Precisamente esta creciente brecha social constituye hoy un obstáculo añadido que dificulta la recuperación económica. Además, la imposición de nuevos sacrificios acrecienta el riesgo de una tercera recesión y el estallido de fuertes conflictos sociales.

Pero el Gobierno de Lakua afronta la cita presupuestaria como un mero rito anual, nada que ver con un ejercicio de planificación dirigido a satisfacer las necesidades reales en materia de servicios públicos y protección social, o impulsar la reactivación de la economía y el empleo.

Presupuestos de la Administración General de la CAV – Clasificación funcional

El componente social de los presupuestos pierde peso y se debilita

El presupuesto de gasto para 2015 asciende a un total de 10.639 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,1% respecto al presupuesto aprobado para el año en curso, es decir, alrededor de 423,5 millones más que en 2014.

No obstante, a pesar de la situación de emergencia social en la que nos encontramos, el Gobierno del PNV ha convertido el pago de la deuda en su prioridad frente a otro tipo de necesidades presupuestarias. Como consecuencia, el esfuerzo de la carga financiera en 2015 (amortización de deuda y pago de intereses) aumenta un 21,4% y absorbe más del 41% del incremento presupuestario.

Descontado el servicio de la deuda pública, los recursos disponibles para financiar las actuaciones de los diferentes departamentos del Gobierno suman un total de 9.649,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6%. Mientras que el gasto en políticas de carácter social2 aumenta un 2,5% y alcanza los 7.283,7 millones de euros.

El crecimiento del gasto social en un 2,5% está muy por debajo del incremento que experimenta el montante del presupuesto total (4,1%). Por tanto, la principal conclusión a destacar es que se rebaja el porcentaje de presupuesto dedicado a gastos sociales, que pasará del 69,6% al 68,5%.

Esto significa que el componente social de los presupuestos de 2015 disminuye y se debilita, desmintiendo así la propaganda del Gobierno cuando afirma que “mantiene su peso relativo”. Pero lo más grave es que no se trata de un hecho puntual ligado a los presupuestos del próximo año. En realidad, el gasto social está siendo sometido a constantes restricciones desde que en 2010 se pusiera en marcha la política de ajustes y recortes sociales.

Evolución del gasto social en los presupuestos de la CAV

Según los datos de las liquidaciones presupuestarias, el volumen de gasto social realmente ejecutado por el Gobierno de Lakua ha seguido una clara tendencia decreciente durante los últimos años; y ello a pesar de que en 2011 se produjo el traspaso de las políticas activas de empleo3 por valor de 472 millones de euros. En concreto, la diferencia entre el gasto social ejecutado en 2009 y el presupuestado para 2014 supera los 500 millones de euros, lo que representa una caída del 6,6%; aunque la comparación no es del todo homogénea porque el Gobierno asume ahora competencias en materia de empleo que en 2009 no tenía.

En definitiva, la evolución del gasto social demuestra que tanto el ejecutivo del PNV, como el del PSE en la anterior legislatura, han aplicado severos recortes en políticas sociales; y lo han hecho precisamente cuando más necesario es intensificar el esfuerzo dedicado a estas políticas con el fin de garantizar de servicios públicos esenciales y protección social suficiente para las personas más afectadas por las secuelas de la crisis, el paro, la precariedad y el aumento de la pobreza.

Es urgente establecer un orden lógico de prioridades presupuestarias

Uno de los aspectos del proyecto presupuestario que más ha sido destacado es que contempla el nivel de gasto más elevado que jamás ha dispuesto la CAV. Sin embargo, comprobamos que esto es perfectamente compatible con el debilitamiento de las políticas de carácter social.

Según la distribución del gasto por funciones, el presupuesto de gastos sociales para 2015 asciende a un total de 7.283,7 millones de euros, es decir 174,7 millones más que la cantidad aprobada para 2014. Pero esta cifra es claramente insuficiente para compensar el desgaste al que han sido sometidas las políticas sociales en los últimos años.

El gasto total invertido en programas sociales alcanzó en 2009 un techo de 7.610 millones, es decir, alrededor de 326,3 millones más que lo presupuestado para 2015. Pero insistimos, ahora el ámbito de actuación del Gobierno de Lakua en áreas sociales es más amplio que entonces, porque tiene que atender competencias que antes no estaban traspasadas.

Gasto en políticas sociales – Presupuestos de la CAV

El alto precio pagado como resultado del adelgazamiento del gasto público tiene su reflejo más inaceptable en un campo tan sensible como es la Salud. Para 2015 se han comprometido 3.384,7 millones de euros, lo que supone mantener una reducción del 4,3% respecto a la cantidad gastada en 2009, es decir, unos 153,3 millones menos.

Igualmente irresponsables son los recortes en Educación pública, pues se trata de una herramienta fundamental para favorecer el desarrollo personal, promover la igualdad de oportunidades y contribuir al progreso social. El presupuesto de educación para 2015 asciende a 2.485,8 millones, un 1% más que este año, pero 286,3 millones menos que en 2009. Se mantiene así una merma presupuestaria del 10,3% respecto al gasto ejecutado en 2009.

No obstante, es la política de Vivienda y Urbanismo la que ha sufrido el golpe más duro en términos relativos, ya que el presupuesto invertido en este área es hoy un 51,7% inferior al gasto realizado en 2009.

Evidentemente, esta fuerte caída está directamente relacionada con el impresionante stock de viviendas de protección social y el parón de la actividad constructiva. Sin embargo, ésta debería ser una buena razón para destinar gran parte de este parque residencial público a facilitar alojamiento social para las personas con más dificultades de acceso a una vivienda y paliar el efecto de los desahucios.

Otras políticas de carácter social que también continuarán castigadas por los ajustes en comparación con el presupuesto ejecutado en 2009 son las siguientes: Cultura con 61,5 millones menos (-25,7%); Bienestar Comunitario con 15,4 millones menos (-27,9%); y Otros Servicios Comunitarios y Sociales, que acusan una reducción de 6,2 millones (-34,5%).

Por el contrario, al pago de la deuda pública y los intereses se dedicarán 989,5 millones de euros, es decir, 906 millones más que en 2009. Estas partidas acaparan el 9,3% del gasto total y provocan un inasumible estrangulamiento presupuestario.

Por esta razón consideramos que el Gobierno debería corregir su política presupuestaria en aras a establecer un orden lógico de prioridades de gasto que permita garantizar la protección efectiva de los derechos básicos de la ciudadanía y atender las necesidades más apremiantes de la sociedad, especialmente las de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

El PSE logra un acuerdo de calderilla para justificar su apoyo a las cuentas del PNV

Diferentes medios han recogido con cierta profusión el aumento de los recursos para reforzar las políticas sociales y de empleo. En efecto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales es el que obtiene el mayor incremento, un 11,5%. Este aumento se destina básicamente al programa de Inclusión Social y a la bonificación de cuotas de la Seguridad Social para el fomento del empleo.

Concretamente, la dotación para la Renta de Garantía de Ingresos crece un 19,9% respecto al presupuesto de 2014 y alcanzará los 461 millones de euros. Sin embargo, este aumento es más teórico que real. Fuentes del Gobierno han confirmado que esa cantidad se aproxima mucho a la que se gastará este año. Incluso si comparamos la partida consignada en los presupuestos de 2015 con el gasto realmente ejecutado en 2013, comprobamos que el aumento es del 4,5%, muy alejado del 19,9% que se está publicitando.

Es importante recordar que estas prestaciones tienen carácter de derecho subjetivo; por tanto, cuando la partida inicial es insuficiente y se agota, el Gobierno está obligado a ampliarla en la medida que sea necesario para garantizar el pago de dichas prestaciones.

No ocurre lo mismo con las Ayudas de Emergencia Social, que son subvencionales; por eso al no estar reconocidas como derecho, el ejecutivo no tiene obligación de ampliar la partida cuando ésta se agota, que es lo que ocurre todos los años. Pues bien, la partida para las AES aumenta sólo un 2,4% respecto al 2014.

Por otro lado, el gasto para las bonificaciones a la Seguridad Social crece un 16,8% hasta alcanzar los 140 millones de euros. Aunque, según los datos de ejecución presupuestaria, durante los primeros diez meses del presente año la cifra gastada no llega a los 80 millones.

En todo caso, la eficacia de conceder estas subvenciones a las empresas con el supuesto propósito de incentivar el empleo es más que discutible.

Según las previsiones del propio Gobierno, el próximo año se crearán 5.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Pero a este ritmo serían necesarias dos décadas para recuperar el nivel de empleo previo a la crisis.

Con todo, el aumento presupuestario que registran las partidas destinadas a empleo y políticas sociales, junto a los 50 millones que supondrá devolver un cuarto de la paga extra suprimida al personal de la administración en 2012, se aproximan a los 150 millones que demandaba el PSE para gastos sociales, como condición previa a la negociación de un nuevo pacto presupuestario.

Finalmente, tras las negociaciones entabladas el PNV ha logrado el apoyo del PSE a cambio de acordar varias enmiendas por valor de 35 millones, una cuantía que representa poco más del 0,3% sobre el total del proyecto presupuestario inicial.

1 El grupo funcional o área de gasto denominado Administración General registra un incremento del 15,2%. Bajo este concepto se recogen las dotaciones realizadas a diversos Departamentos para cubrir posibles contingencias cuya asignación individualizada a cada uno de ellos no se puede concretar inicialmente. También se incluyen las cuantías fijadas para el programa de Crédito Global, que agrupa las dotaciones destinadas a financiar posibles insuficiencias o necesidades presupuestarias no previstas inicialmente, así como los créditos calificados de ampliables. 

2 El gasto social se identifica con el contenido de los grupos funcionales 3 y 4 del presupuesto, que incluyen las siguientes políticas de gasto: Seguridad y Protección Social, Promoción Social, Sanidad, Educación, Vivienda y Urbanismo, Bienestar Comunitario, Cultura, Otros Servicios Sociales y Promoción del Euskera. 

3 En el año 2011 se materializó la transferencia de las políticas activas de empleo al Gobierno Vasco, y a partir de ese momento las dotaciones previstas para su desarrollo pasan a tener reflejo en los presupuestos de la CAV (ya que antes del traspaso corrían a cargo del gobierno central). 

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