2024-06-14
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“Quien no apuesta por otra política fiscal promueve la perpetuación de políticas neoliberales”



La secretaria general de LAB Garbiñe Aranburu y la responsable de organización de acción social Edurne Larrañaga han realizado una rueda de prensa para presentar el informe realizado por el sindicato sobre fiscalidad ein formar sobre las medidas para un nuevo modelo fiscal. El próximo 26 de mayo serán las elecciones a Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y para el Parlamento de Nafarroa y son estas las instituciones que tinene capacidad de regular la política fiscal. Así, en vísperas de estas elecciones, hemos realizado algunas propuestas para una reforma fiscal redistributiva: para acercar la presión fiscal a la media de Europa, pero para que la carga impositiva recaiga en las grandes empresas, las grandes rentas y los grandes patrimonios; corregir la tendencia de dirigir el peso de la recaudación a impuestos indirectos, especialmente el IVA, ya que aunque parezca una medida fiscalmente neutral, exige un mayor esfuerzo fiscal para las personas con rentas más bajas; o incrementar el personal y los recursos contra el fraude fiscal. 


“La precariedad, la pobreza y la exclusión social que afectan especialmente a las mujeres se pueden evitar haciendo una apuesta por un reparto más justo de la riqueza yla política fiscal puede ser un instrumento para ello””.

Son palabras de Garbiñe Aranburu, realizadas en la presentación del informe sobre fiscalidad realizado por el sindicato. En el contexto de la campaña electoral, la secretaria general de LAB ha recordado que el modelo fiscal que defiende un partido es reflejo del modelo de sociedad que defiende dicho partido: “Quien no haga una apuesta por otro tipo de política fiscal promueve la perpetuación de políticas neoliberales; promueve la perpetuación de la precariedad, la pobreza y la exclusión social. De hecho, promueve perpetuar un modelo económico y social que da la espalda a la mayoría social, a favor del modelo disañado a la medida de la patronal.

En palabras de Garbiñe Aranburu, “las y los trabajadores tienen que saber que es imposible mejorar la vida de las personas sin cambiar la política fiscal. Las y los trabajadores tienen que saber que la política fiscal que está en vigor la ha diseñado la patronal. Es la propioa patronal la que está dirigiendo las políticas públicas de este país”.

Medidas propuestas
Tal y como se recogen en el informe presentado en la rueda de prensa, LAB promueve las siguientes medidas para una reforma fiscal redistributiva.

• Incrementar la presión fiscal para acercarnos a los estándares europeos, pero de forma que el aumento de la carga impositiva recaiga sobre las grandes empresas, las rentas más elevadas y los grandes patrimonios.

• Corregir la tendencia a desplazar el peso de la recaudación hacia los impuestos indirectos, especialmente el IVA, que a pesar de su aparente neutralidad fiscal supone un mayor esfuerzo fiscal para las personas con menos ingresos.

• Recuperar el principio de equidad en el IRPF para que todas las rentas reciban el mismo tratamiento fiscal ya sean rendimientos del trabajo, de capital o ganancias patrimoniales.

• Reforzar la progresividad del IRPF aumentando el número de tramos y los tipos impositivos aplicados a las rentas más elevadas.

• Revertir las rebajas de los tipos de gravamen del Impuesto de Sociedades.

• Suprimir las deducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales que no cumplen los objetivos con los que
supuestamente se conceden a las empresas.

• Blindar la imposición fiscal sobre la riqueza frente a las presiones para eliminar o debilitar aquellas figuras impositivas que gravan la acumulación y trasmisión de grandes patrimonios.

• Revisar el Impuesto sobre Patrimonio y someter a tributación todos los bienes acumulados, incluidas las participaciones en empresas.

• Eliminar los topes máximos de cotización a la Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a pensiones.

• Prohibir todo tipo de relación comercial con sociedades establecidas en paraísos fiscales.

• Redoblar el personal y los recursos dedicados a la persecución del fraude fiscal.

 

 

 

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