El culebrón no se acaba. Con fecha 22 de junio 2016, fecha de cierre de curso, salta la noticia que el pago de la multa a las empresas de catering se ha paralizado por presentación de recursos por parte de todas las empresas sancionadas.
El pasado mes de febrero, la Autoridad Vasca de la Competencia impuso una sanción de 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores de los colegios públicos vasco por fijar precios y repartirse el mercado.
Según la resolución, las firmas castigadas se repartieron de forma “concertada” el servicio del Gobierno Vasco durante al menos 11 años, entre 2003 y 2014. Esa resolución se hizo pública el 9 de febrero. A partir de ahí, las sancionadas tenían un plazo de 2 meses para abonar la multa, pero todas (Eurest, Auzo Lagun, Gasca, Gastronomía Vasca, Tamar, Magui, Goñi)han recurrido por vía contencioso administrativo, solicitando además la suspensión cautelar de la sanción.
Esta petición ha sido atendida, por lo que el pago queda, de momento, en suspenso.
Ahora, y frente al propósito de estas empresas, queda la intervención de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, responsable del polémico contrato objeto de la sanción y quienes corresponde defender la resolución de la competencia vasca.
Este caso está pendiente, por lo tanto, por la vía administrativa, pero también por la vía penal. LAB quiere recordar que la fiscalía abrió diligencias tras el requerimiento del Parlamento Vasco al Ejecutivo de Urkullu, ante la posibilidad de que las prácticas contra la competencia hayan podido generar un fraude de 200 millones de euros a nuestros bolsillo.
LAB quiere poner de manifiesto que las primeras consecuencias de este caso ya se hicieron sentir hace unos 15 días, con la reducción de jornada al personal que atiende los comedores escolares, lo que ocasionó que los éstos se convirtieran en comederos, reduciendo el espacio para el alumnado. Allí donde se realizaban 2 turnos se paso a un único turno. LAB denunció la situación ante los medios y llevó a cabo una concentración ante la Delegación territorial de Educación.
Este recorte vino impuesto por el propio Departamento de Educación, el que ahora debe defender los intereses de las familias y las personas trabajadoras. Por lo que nos preocupa sobremanera la gestión que se está haciendo de este caso.
Apuntar también que este Departamento de Educación ha vuelto a confiar en las mismas empresas para realizar este servicio de comedores como se ha venido denunciando, provocando la solicitud de nueva comparecencia ante el Parlamento de la empresa denunciante AIBAK que ayudó a destapar este fraude y que le ha sido denegada.
Subrayar que no puede dejar de sorprender que esta noticia salte a finales de junio, cuando desde los centros es imposible pasar la información y que las familias tengan conocimiento de todo esto.
LAB vuelve a advertir de nuevo de que este caso no puede quedar zanjado y que realizará el seguimiento para que el Gobierno Vasco actúe en defensa de todas las familias, trabajadoras y alumnado que somos al final quienes, de no resolverse de forma adecuada, tengamos que asumir, medio aumento de precios, recortes de jornadas, la merma en la calidad este fraude.
Por otro lado, volvemos a declarar este modelo de gestión de comedores como obsoleto. Éste es tiempo de cambio, de asumir roles de construcción de nuevos modelos. Algo que desde LAB hemos asumido y puesto en marcha con una nueva propuesta alternativa que invitamos a las familias, centros, productores, instituciones a conocer.