La problemática de la vivienda golpea de lleno al conjunto de la clase trabajadora y se ha convertido en un negocio muy rentable para unos pocos, así como un derecho vulnerado para la gran mayoría social. LAB denuncia que, en lugar de tomar medidas urgentes y eficaces, el Gobierno Vasco evada su responsabilidad organizando eventos que están lejos de solucionar los problemas reales que sufrimos los y las trabajadoras vascas.
Hoy, 29 de enero, el Gobierno Vasco inaugura su «International Congress on Housing Policies» (Congreso Internacional sobre Políticas de Vivienda). Un congreso que dará voz a representates institucionales responsables de la situación actual y, como es habitual, hará caso omiso de las reivindicaciones que organizaciones sociales y sindicales llevamos años realizando. El derecho a una vivienda digna no está garantizado, por lo que es urgente que se tomen medidas estructurales que garanticen una vivienda digna y accesible para la clase trabajadora de Euskal Herria.
Además, el acceso a una vivienda social está claramente limitado por el escaso parque público existente actualmente como consecuencia de atender a las necesidades del lobby inmobiliario. LAB criticó desde el inicio abonar una prestación económica como compensación, puesto que el objetivo debe ser garantizar un techo digno a toda aquella persona que lo necesite. La hipocresía es tal que, aún teniendo herramientas legales para declarar como zona tensionada a decenas de municipios y barrios, y así dar un primer paso para contener los precios, los partidos que sustentan el Gobierno se han negado a hacerlo.
Considerando que, según los datos de EMAL, en 2023 el precio medio del alquiler en capitales como Bilbo y Donostia ascendía los 800 euros y 950 euros respectivamente, es muy grave que el nuevo decreto sobre el Derecho Subjetivo a la Vivienda prevea una Prestación Económica de Vivienda (PEV), cuya cuantía máxima no supera los 300 euros mensuales. Más preocupante aún es establecer que esta prestación, absolutamente insuficiente, a partir de este año será incompatible con las Ayudas de Emergencia Social (AES) relacionadas con gastos de alquiler y con las ayudas del programa Gaztelagun.
Por si fuera poco, el Gobierno Vasco también extinguió la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Una importante prestación vinculada a la RGI y a la que se exigía 3 años de padrón, pero no que quien la solicitara tuviera una situación administrativa regular. En el caso de las AES es un retroceso aún más drástico, ya que esta solo exigía 6 meses de padrón. Además, en ambos casos no era necesario tener permiso de residencia en vigor, mientras que la PEV va a requerir 3 años de empadronamiento en la CAPV y 3 años de inscripción en Etxebide. Una medida que claramente pretende dificultar aún más el acceso a la vivienda a los y las trabajadoras migradas.
En la misma dirección obstaculizadora de derechos, el pasado mes de noviembre el Gobierno Vasco publicó el nuevo reglamento de la RGI. Entre muchas medidas criminalizadoras de la pobreza, se añadieron nuevas trabas a la hora del reconocimiento del domicilio. A partir de este mes de enero solo se concederá la RGI a las personas que alquilan habitaciones cuando cada habitación cuente con un espacio de aseo exclusivo.
Medida que, sumada a la reducción del 15% de la cuantía de la RGI cuando haya más de una unidad de convivencia en la misma casa, revela la consigna del actual gobierno: sancionar las personas que se ven obligadas a compartir vivienda. Curiosamente, estas medidas de expulsión y exclusión social impulsadas por el actual gobierno no aparecen en su sello Basque Country de internacionalización financiera.
En definitiva, las políticas públicas que impulsa el Gobierno Vasco dejan claro que el objetivo es blindar los intereses de la patronal inmobiliaria, es decir: los bancos, los fondos buitre y los grandes tenedores. Políticas que permiten que la especulación con la vivienda sea una de las principales formas de expropiación de la clase trabajadora en la actualidad.
En LAB defendemos que la vivienda es un derecho y una necesidad material básica de todas las personas para tener autonomía, para garantizar seguridad y salud, para construir arraigo y para desarrollar un proyecto de vida digno. Para ello, es indispensable acabar con el negocio inmobiliario, desarrollar urgentemente un parque de viviendas público y social, así como tomar las medidas legales y políticas para no solo limitar los precios de alquileres e hipotecas, sino bajarlos.
Del mismo modo, desde LAB reiteramos nuestro compromiso con la lucha por una vivienda digna, de calidad y de acceso universal, y situamos esta lucha como una prioridad dentro de la lucha sociosindical que defendemos.