2024-05-02
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Denunciamos los recortes, el deterioro y la privatización de servicios y la improvisación y falta de medidas preventivas y curativas para residentes y trabajadoras

En LAB nos identificamos con las movilizaciones y reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de las residencias, de las asociaciones de personas usuarias de los servicios y personas mayores y pensionistas. Y hacemos un llamamiento a seguir trabajando por una vida, condiciones de trabajo y pensiones dignas en los centros de trabajo y en las calle.

Este modelo de confinamiento es un estado de excepción organizado a medida del Capital. La clase trabajadora y los amplios sectores populares estamos sufriendo duramente las consecuencias de este modelo de confinamiento donde se nos ha dejado en la indefensión. La recentralización del estado a través del estado de alarma decretado por el Gobierno español y la inacción del gobierno de Navarra y el gobierno en funciones de la CAV, hacen que la soberanía sea más necesaria que nunca para hacer frente a esta realidad.

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la situación de las personas mayores y del impacto que las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma han tenido en sus vidas. Sin embargo, a la hora de adoptar medidas, no han dado voz al colectivo de personas mayores y han sido victimizados y victimizadas como ciudadanía sin derechos.
Sin duda alguna, son las personas mayores quienes más han sufrido la crisis sanitaria, con mayor número de fallecidos y fallecidas. En Hego Euskal Herria el %40 de las muertes han sido en las residencias de mayores. Ante esa situación, las instituciones han escondido conscientemente datos, negando a la sociedad el derecho a la información. Las personas mayores han sufrido el ataque del coronavirus, pero la crisis del sistema es anterior éste. Son víctimas de las políticas públicas regidas por intereses neoliberales, del modelo de protección social insuficiente como de los recortes del sistema.

Las personas mayores y las personas en situación de dependencia son usuarias de diversos servicios sociales (centros de día, residencias, servicio de ayuda a domicilio, servicios sociales municipales… ), servicios que han sido totalmente deficitarios para hacer frente a esta crisis. En este sentido, queremos denunciar la gestión y el modelo de protección social actual, en los que se han tomado medidas garantizando los intereses del Capital. Para la sostenibilidad de la vida es necesario garantizar unos servicios sociales de titularidad y gestión pública. El modelo basado en la subcontratación ha supuesto la incrementación de la precariedad laboral y trae consigo un déficit en el servicio, priorizando los beneficios por encima de la vida.

A la precariedad laboral de las trabajadoras de las residencias hay que sumarle la precaria situación de las usuarias y usuarios. Ha habido muchos fallecimientos, no sabemos cuántos, y a excepción de varias iniciativas municipales, como la del Ayuntamiento de Errenteria, no ha habido más medidas institucionales encaminadas a la protección de las personas mayores, ni en cuanto a las pensiones, a fin de garantizar mínimas condiciones económicas, ni en cuanto a los cuidados. Queremos poner en valor la aportación que han hecho las Redes de Cuidados para cuidar a las personas mayores y a las personas con mayor vulnerabilidad.

Ante todo ello, desde el sindicato LAB consideramos imprescindible reforzar las reivindicaciones del movimiento de pensionistas. Es necesario un nuevo modelo de sociedad para hacer frente a las múltiples crisis del sistema, colocando las reivindicaciones de los pensionistas en el centro, esto es, poniendo las políticas públicas a servicio de las necesidades de las personas:

-Servicios sociales públicos integrales, locales, que responderan a las necesidades propias, abierto a todas las personas y que fomentará las capacidades y autonomía de las personas mayores.

-Reforzar el sistema público de salud.

-Ley propia de Dependencia y Cuidados para la CAV y Navarra.

-Sistema propio de pensiones y pensión mínima de 1080 euros.

-Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, que reúna también nuestras pensiones.
 

 

 

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