La Carta de Derechos Sociales recuerda que la proposición de Ley del PNV y del PSE se presentó una vez registrada en el Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza y la exclusión social. En esta ILP planteábamos, entre otras medidas, una mejora de la cuantía de la RGI (100% del SMI para una persona sola, y 50% más por cada persona adicional de la unidad de convivencia), dar marcha atrás en los recortes aprobados (por ejemplo, volver a un año de empadronamiento) y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos (como poner la edad en 18 años).
La ILP fue avalada por más de 51.000 personas, a pesar de lo cual ni siquiera fue admitida a trámite, debido precisamente al voto contrario del PNV, PSE y PP. Estos tres partidos se han puesto de acuerdo para iniciar el trámite de una proposición de Ley que establece la cuantía de la RGI sin referencia al Salario Mínimo Interprofesional, recorta el derecho de acceder a las prestaciones sociales y da cobertura a práctica presentes y futuras para tratar a quienes perciben las prestaciones como presuntos delincuentes en lugar de como personas a las que les asiste el derecho a tener unos ingresos mínimos garantizados.
Ante todo esto, la Carta de Derechos Sociales:
1. Hace un llamamiento a rechazar la tramitación de la reforma restrictiva de la RGI.
2. Insiste en la necesidad de aprobar los contenidos recogidos en la ILP contra la pobreza y la exclusión social.
3. Afirma la necesidad de abordar el debate sobre el modelo de protección social en su conjunto. Para ello, ante la falta de instrumentos adecuados, es necesario un marco vasco de relaciones laborales y protección social.
4. Muestra su compromiso de seguir movilizándose contra los recortes en las prestaciones sociales y a favor de un sistema social justo.