Los agentes y sindicatos que conformamos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hemos comparecido para recordar que 51.000 personas dieron su apoyo a la iniciativa y que ésta, de ser aprobada, supondría una clara mejoría en las condiciones de vida de muchas personas.
Este es el comunicado emitido con motivo de la comparecencia de hoy:
HACIA LA COHESIÓN SOCIAL, SÍ A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Hace unos meses las organizaciones sociales y sindicales de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria pusimos en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El objetivo de esa iniciativa es ampliar el nivel de cobertura actual de la protección social. Concretamente queremos cambiar dos leyes: la de la RGI (Ley 18/2008), y la Ley de Vivienda (Ley 3/2005).
Los datos oficiales nos muestran que cada vez hay más personas en situación de necesitar protección social. Así, en 2008 había 83.203 personas que percibían la RGI, el 3,9% de la población. En 2016 eran 134.563, el 6,3% de la población, lo que supone un incremento del 62%.
Por desgracia, la voluntad política del Gobierno Vasco es ofrecer una protección mínima, y por eso en los últimos años está deconstruyendo el sistema. Desde 2012 el recorte aplicado a la cuantía de la RGI ascendía el año pasado al 13,5%. Además, según la propuesta del Gobierno para 2019, la cuantía de la RGI sería alrededor de un 30% inferior a la que correspondería de aplicarse la Ley. Queremos decir que estamos claramente en contra de estos recortes.
En la ILP planteamos diversos cambios, entre ellos:
• La ley actual exige 23 años para poder percibir la prestación; proponemos rebajar la edad a 18 años.
• La ley actual exige 3 años de empadronamiento para poder acceder a la RGI; nuestra propuesta es volver a un año.
• Respecto a la Ley de Vivienda, solicitamos que el derecho a acceder a una vivienda no pueda ser sustituido por una prstación económica. Es decir, que sí o sí, se garantice el derecho a la vivienda de manera efectiva.
De aprobarse estas propuestas las cosas cambiarían mucho. En ese caso sí que podríamos hablar de cohesión social, término que tanto le gusta utilizar al Gobierno Vasco.
Además de estas medidas, solicitamos que el Gobierno Vasco dé pasos a favor del Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social: necesitamos las competencias para adoptar las decisiones en estas materias, a favor de los intereses de quienes vivimos aquí y de nuestro tejido productivo.
Nuestra ILP ha conseguido 51.000 firmas, un número muy elevado. Son 51.000 síes que llevamos al Parlamento Vasco para construir un nuevo sistema social. 51.000 firmas en contra de la precarización de nuestras vidas, de la exclusión social y de la pobreza. 51.000 síes a una vida que merezca la pena ser vivida.
El Parlamento Vasco permitió iniciar la tramitación del proceso de la ILP, pero el Gobierno Vasco ha fijado su posición contraria. Además, no podemos olvidar que el PNV y el PSE presentaron una proposición de Ley de reforma de la RGI, con la intención de neutralizar nuestra iniciativa. Con esa proposición de Ley pretenden cerrar la reforma de la RGI con un nulo consenso social y con unos contenidos claramente restrictivos, procediendo a nuevos recortes.
Por tanto, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige al Parlamento Vasco que la iniciativa apoyada y firmada por 51.000 personas sea sometida a discusión, y que den luz verde a los cambios propuestos, ya que supondría una clara mejora en las condiciones de vida de muchas personas.