El Consejo de Gobierno del Parlamento Vasco manifestó ayer su criterio desfavorable a la Iniciativa Legislativa Popular por un Sistema de Protección Social Público y de calidad frente a la pobreza y la exclusión, argumentando que ya se está tramitando una Proposición de Ley del PNV y del PSE-EE-PSOE para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
Desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria queremos mostrar nuestro total rechazo a tal decisión:
1. La ILP se presentó en el Parlamento con anterioridad a la Proposición de Ley de los partidos que apoyan al Gobierno, por lo que su debate debería ser previo a dicha proposición de norma. Realmente, el argumento que ahora esgrime el Gobierno debería haberse utilizado para mostrar su criterio desfavorable ante la proposición de Ley, cosa que, obviamente, no ocurrió.
2. Los servicios jurídicos del Parlamento Vasco emitieron informe favorable a la misma y posteriormente la Mesa del Parlamento dio luz verde a la recogida de firmas.
3. La ILP cuenta con el apoyo de 51.000 firmas que han sido comprobadas y admitidas.
Desde la Carta hemos venido denunciando lo insuficiente del actual sistema de prestaciones sociales, los recortes que se han venido aplicando por los distintos gobiernos los últimos años, y haciendo propuestas y planteando alternativas más que viables al actual sistema. La realidad socioeconómica dice que crece la población en riesgo de pobreza y el número de personas que no acceden al sistema de prestaciones, es decir, cada vez hay más personas en situación de exclusión social.
Ésa es la realidad socioeconómica, y no la que le importa al Gobierno Vasco que es simplemente presupuestaria, cálculo económico (el Gobierno alega que su propuesta tiene en cuenta la realidad socioeconómica, cuando realmente lo que quieren decir es que no quieren destinar más dinero a prestaciones sociales). Su reforma de Ley pretende seguir con la política de endurecer la condiciones de acceso y criminalizar a las personas perceptoras, con la única finalidad de reducir y ajustar el gasto.
La ILP presentada pretende no solo dignificar las cuantías de la RGI sino dar una mayor cobertura a la población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social.
No abrir el debate de la ILP, que cuenta con el apoyo de una gran parte de la sociedad, será una demostración más de la falta de democracia participativa del ejecutivo.