El fallo del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas es antidemocrático e inaceptable. La frase de que la Banca nunca pierde cobró ayer todo su sentido cuando conocimos el fallo del Tribunal Supremo. La Banca, que todavía debe miles de millones a las cuentas públicas, aprieta aún más las tuercas a las personas hipotecadas, como si no estuviesen ya lo suficientemente ahogadas.
El pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las hipotecas, corresponderá pagarlo a los clientes en vez de a los Bancos según la decision tomada ayer por la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo español. Detras de este cambio de criterio, está la corrupción sistematica del sistema capitalista.
Las personas hipotecadas tendrán que pagar unas tasas que nos parecen totalmente abusivas, y ahora, por decisión judicial. Está claro que en el Estado español no existe división de poderes. Ya teníamos muy claro que vivimos en un Estado totalmente antidemocrático, y la Banca, las grandes fortunas, la patronal, los poderes económicos tienen a su servicio al poder judicial y legislativo, cuando los juzgados deberían garantizarnos seguridad judicial a las ciudadanas y ciudadanos.
Este impuesto lo tienen que pagar los Bancos, nunca las familias. Aunque en todos nuestros territorios esta medida no tenga mucha incidencia, nos parece algo esencial desde un punto de vista democrático, estamos hablando de la división de poderes, del control hacia los Bancos y de gestión democrática.
Nos preguntamos sobre la presión de la Banca hacia el poder judicial, se trata de juego sucio, al cual nos tienen demasiado acostumbrados, por lo tanto, no nos asombra en absoluto. Nos dirigimos a los partidos políticos para exigirles lo siguiente: que protejan a las ciudadanas en vez de proteger los intereses económicos de la Banca. Estamos seguras de que nos encontramos en esta situación por culpa de la inacción a lo largo de muchos años de determinados partidos políticos. En lo que respecta al Decreto Real que se ha sacado de la manga el presidente Sánchez hoy, nos parece totalmente insuficiente puesto que deja fuera de esta medida a miles de personas hipotecadas en una situación totalmente injusta.
Euskal Herria necesita una Banca de carácter democrático, control social y sindical y gestión pública para que estas situaciones no sean posibles. Una Banca pública que dé respuesta a las necesidades financieras de la clase trabajadora y de las pequeñas y medianas empresas.
Frente a este nuevo ataque a la democracia, llamamos a la clase trabajadora en particular y a la ciudadanía en general a las convocatorias movilizadoras que se convoquen.