El sindicato LAB denuncia la aprobación en Madrid de la denominada ley de tasas publicada ayer en el BOE porque impedirá el acceso a los tribunales en función de la capacidad económica de las personas.
Las tasas que se impone a las y los trabajadores es de entre 200 y 300 euros para acceder a los recursos de suplicación y casación. A las tasas se le añadirá además, el pago de otra cantidad en atención a la cuantía reclamada o en litigio.
Las sucesivas reformas y la consiguiente situación de inseguridad jurídica que las mismas generan en cuanto a su interpretación y aplicación, están suponiendo un aumento de las causas abiertas en los juzgados, para lo que el gobierno español del PP plantea como salida obstaculizar el acceso a los tribunales a los colectivos sociales económicamente más precarios.
La propias reformas laborales vienen obligando a muchos trabajadores y trabajadoras a recurrir a la jurisdicción social, ante la aplicación en muchos casos de la reforma laboral en términos abusivos y a la espera de que sean los tribunales quienes vayan fijando el alcance de las medidas. Con la nueva ley de tasas, recurrir las sentencias desestimatorias a tribunales superiores implicará para las y los trabajadores desembolsar cuantías importantes, lo que limitará el acceso a los mismos en detrimento de la defensa de sus derechos condicionados por su capacidad económica.
Asistimos también a la hipocresía de quien ha aprobado una norma en contra de los desahucios que deja intacta la mayoría de las situaciones de riesgo y, acto seguido, encarece el acceso a los tribunales de quien, por ejemplo, quiera defenderse en el juzgado frente a la banca en un proceso hipotecario.
Esta ley supone seguir con el recorte y la limitación en el acceso a los servicios públicos, ahora los referidos a la administración de justicia, para condicionar así el derecho a la tutela judicial efectiva en atención a la capacidad económica de las y los ciudadanos.
Supone incidir por la vía de seguir gravando con impuestos sin progresividad, en la que al no tener en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, las rentas más bajas se ven castigadas.
Además, esta ley en su artículo 1, se encarga de declarar el carácter estatal de la medida y exigible por igual en todo el territorio del Estado, pretendiendo vetar a las Comunidades Autónomas su intervención en las mismas.
Por todo ello, el sindicato LAB, exige la inmediata retirada de la ley de tasas e interpela a las administraciones vascas para que, desde la apuesta por unos servicios públicos de calidad, tampoco se apliquen estas medidas, y dote a la administración de justicia de los recursos necesarios para que, como servicio público que debe seguir siendo, garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de todos y todas las ciudadanas con independencia de su capacidad económica.
Euskal Herria, 22 de noviembre de 2012