Los sindicatos CCOO, ELA, UGT Y LAB, se concentraron ayer ante el Tribunal laboral de Navarra, para denunciar públicamente lo que está pasando con el Convenio Sectorial de Nafarroa que regula las condiciones de trabajo en los centros que atienden a personas discapacitadas.
El pasado mes de septiembre la Agencia Navarra para la Dependencia (actualmente denominada Agencia Navarra para la Autonomía Personal) saca a concurso público la gestión de cinco de sus centros, a la vez que comunica a las empresas gestoras y a los representantes de los y las trabajadoras,la decisión radical de desvincularse del marco económico del convenio del sector, y de la tutela sobre las cuestiones de control y seguimiento tanto de los centros como del convenio laboral que regula las condiciones de todos/as trabajadores.
Las empresas aprovechan la desvinculación del la ANAP y las congelaciones presupuestarias para incumplir lo recogido en el convenio en materia de salarios y jornada. Y en parámetros similares plantean la negociación: quieren posibilidad de descolgarse de lo recogido en convenio.
Esto explica los recortes sufridos ya por trabajadoras /es el en 2012, que han derivado en una serie de demandas judiciales presentadas por los sindicatos. Pero la situación es verdaderamente preocupante ya que se escuda en la desvinculación por parte de la Administración,a quien no le importa entrar en contradicción consigo misma; ya que el convenio que lleva años apoyando por ser de interés público, ha dejado de serlo por criterio unilateral del Gobierno de Navarra,en contra de lo planteado por el Parlamento,en un sector tan sensible como la atención a los discapacitados.
Desde los sindicatos exigimos que el Gobierno de Navarra, propietario de los centros y además garante de la adecuada y digna atención social en la Comunidad de Navarra siga ejerciendo su tutela sobre las empresas del sector y la calidad del servicio. A las empresas que cumplan con lo recogido en el convenio, y acepten que las condiciones de trabajo dignas es un bien esencial para la atención a las personas con discapacidad, en lugar de priorizar sus beneficios. Del mismo modo, exigimos que fiscalice el dinero público destinado a la gestión y atención de estas personas, para que no sean márgenes de beneficio empresarial,en contra de la calidad asistencial a los usuarios,y de las condiciones laborales de los trabajadores.
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