El Sindicato LAB denuncia con rotundidad las nuevas órdenes forales que regulan la Renta de Inclusión en Navarra. El rosario de medidas y recortes al que estamos asistiendo están dejando sin protección a miles de personas (personas que les falta el requisito del padrón, residencia legal, colectivo de 25 a 45 años,…), se están reduciendo las cuantías de las ayudas por debajo del mínimo vital para subsistir con dignidad y van a provocar un auténtico caos administrativo a la hora de distinguir situaciones coyunturales o de exclusión, agravando la tardanza en las valoraciones y resoluciones actuales.
Todas estas medidas ponen de manifiesto el profundo desprecio y ensañamiento del Gobierno de UPN y PSN hacia el número cada vez más creciente de personas sin recursos económicos, víctimas de políticas económicas y sociales absolutamente seguidistas de los intereses de la banca y la patronal. Navarra se está convirtiendo en territorio sin derechos sociales. El desarrollo de la nueva Renta de Inclusión está provocando auténticos agujeros negros en el sistema de protección que está condenando a miles de personas a la miseria total, despojándolas del derecho a contar con unos ingresos mínimos suficientes.

Mientras el Gobierno de Navarra va a dejar de recaudar más de 45 millones de euros en concepto de incentivos a los planes de pensión individuales (más de lo presupuestado para renta básica) o sigue bientratando a las rentas más altas con todo tipo de concesiones, la política del gobierno foral está poniendo a prueba la capacidad y la paciencia de supervivencia de los sectores más débiles de nuestro pueblo, de más de las 50.000 personas paradas y de quienes están sujetas a trabajos precarios y mal pagados.

El Sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra que detenga esta loca carrera de recortes sin fin que acompañan a la aprobación de la nueva Renta de Inclusión. Reclamamos medidas, que en el marco de políticas solidarias y de redistribución de la riqueza, hagan efectivo el derecho irrenunciable a que todas las personas cuenten con unos ingresos suficientes que aseguren su supervivencia económica.

Iruñea, 16 de febrero de 2012