El lehendakari, Iñigo Urkullu ha anunciado que su Gobierno asumirá el 70% de la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asumiendo así la participación que el gobierno autonómico de la época tuvo en la creación de las ayudas fiscales ilegales concedidas a las empresas en la década de los 90.
Los 21 millones de euros, que el gobierno de Urkullu ha prometido aportar para contribuir a sufragar el castigo impuesto, representan una cantidad equivalente a la dotación presupuestaria destinada en 2014 a ayudas de emergencia social con el fin de paliar las situaciones de pobreza y marginación que padecen las personas sin recursos. A esto hay que añadir otros 9 millones que se repartirán entre las tres diputaciones.
Este es el precio de una estrategia torticera e irresponsable cuyo objetivo era evitar por todos los medios que las empresas devolvieran las ayudas fiscales obtenidas indebidamente.
Las Diputaciones Forales, entonces en manos del PNV y del PP, desoyeron de manera persistente y contumaz los sucesivos requerimientos y sentencias emitidas por las autoridades comunitarias. De esta forma cumplieron con diligencia las maniobras dilatorias urdidas en los despachos de Confebask, y después pactadas con las haciendas forales.
Todavía nadie ha pedido disculpas por el perjuicio causado, a pesar de que esta merma de recursos agravará las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones públicas. Tampoco hemos advertido muestra alguna de arrepentimiento. Al contrario, todos los responsables y/o beneficiarios de aquellas ayudas parecen reafirmarse en que “hicieron lo que tenían que hacer”, y lo único injusto es la sentencia emitida por el tribunal de Luxemburgo.
Con estos antecedentes no es de extrañar que Confebask continúe jugando un papel fundamental en el diseño de las normas fiscales hoy implementadas por aquellos partidos políticos que han optado por dar apuntalar el actual estado de cosas.