Los trabajadores y trabajadoras de la empresa INCOESA de Bedia, coincidiendo con el inicio de curso político, están realizando una ronda de contactos con todos los grupos con representación en las Juntas Generales para dar traslado de la preocupación por lo que a su entender, es un incumplimiento de la declaración institucional aprobada en pleno el pasado día 24 de junio.

Precisamente, la falta de iniciativa demostrada por parte de esta institución se valora como causa de la situación que se vivió ayer a las puertas de la empresa en Bedia. Es la dejación en sus responsabilidades de las propias instituciones las que dejan desamparados a los trabajadores frente al expolio y destrucción del tejido industrial de este país.

La entrada a una empresa, que se encuentra en huelga indefinida, por medio de la contratación de esquirolaje externo, para hacerse con unos materiales para el montaje de un producto que se produce en esta planta, atenta directamente al derecho de huelga y puede significar un alzamiento de bienes. Pero que todo ello se produzca con la escolta de una fuerza policial, es lo que muestra la falta de una voluntad política real de mediar y poner freno a la actitud de la empresa.

Por todo ello, la reivindicación de las y los trabajadores es que se ponga en práctica la declaración aprobada por unanimidad, y de obligado cumplimiento, en la que se acordaba revisar las relaciones económicas que este ente mantuviera tanto con la empresa INCOESA como ALFUS-FCC AMBITO. Esta iniciativa se encaminaba en tratar que por parte de la Diputación de Bizkaia se pusieran los medios para que las empresas depusieran de sus intenciones (el despido de 18 trabajadores en ALFUS y el cierre de INCOESA) y apostaran, en el caso de INCOESA, por el mantenimiento de la actividad productiva en Bedia.

Las y los trabajadores denuncian que de las bonitas palabras no se han pasado a los hechos y que de una reunión mantenida con un miembro del equipo de Imanol Pradales, Diputado Foral del Departamento de Desarrollo y Promoción Económica, a día de hoy no se haya tenido noticia alguna de las gestiones realizadas.

En dicha reunión se pidió que el Equipo de Gobierno de la Diputación haría efectiva la Norma Foral aprobada en 2007 contra la deslocalización y que exige la devolución de toda aquella ayuda otorgada a cualquier empresa que después optase por una medida deslocalizadora como es el caso de INCOESA. Por las informaciones con las que cuentan los trabajadores, esta empresa recibió varias de esas ayudas entre los años 2007 y 2011 si bien por parte de la Diputación no se ha proporcionado la información de cúal es la cuantía a la que asciende la suma de todas ellas.

No se entiende ni el retraso, ni la parálisis, del equipo de José Luis Bilbao en este tema cuando a lo largo de este verano han habido diferentes intentos de la empresa por desmantelar la planta de Bedia a la que, hasta ayer, solo se le habían podido poner freno mediante la movilización de los propios trabajadores y agentes sociales y sindicales de la zona de Arratia.

Por último, los trabajadores quieren denunciar la brutal carga que la policía autónoma realizó ante lo que era una protesta pacífica por sus puestos de trabajo y cuya violencia dejo alrededor de media docena de heridos de los cuales 4 han debido recibir asistencia médica. Ante esto anuncian que no dejaran de pelear para que la planta de Bedia siga en funcionamiento.

  

LAB sarean
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