La dirección de las empresas que dan servicio al traslado de pacientes y accidentados en ambulancia por Bizkaia, amparándose en la crisis, atemoriza a los y las trabajadoras aplicando infinidad de expedientes sancionadores. Hasta la fecha ha despedido a cuarto trabajadoras, el ultimo el 4 de diciembre con la modalidad de despido disciplinario. Ante esta situación más de 50 trabajadores y trabajadoras se manifestaron el pasádo viernes el la base de Bilbo convocados por LAB y ELA.

La dirección de las empresas que dan servicio al traslado de pacientes y accidentados en ambulancia por Bizkaia, constituidas en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que la conforman las Ambulancias Bizkaia, Ambulancias Bilbao, SAMU y Transporte sanitario Bizkaia, todas ellas bajo la dirección de Angel luis Martinez Calleja, quien en el último año amparándose en esta crisis — excusa perfecta para todo tipo de canallas al mando de empresas— ha realizado infinidad de expedientes sancionadores hacia trabajadores y trabajadoras quienes en muchos casos ni tan siquiera los recurren ante el temor de ser despedidos y despedidas. Este temor no es infundado ya que también ha despedido a cuatro trabajadores, el último el día 4 de este mes con la modalidad de despido disciplinario, amparándose para ello en todo tipo de tretas con tal de ahorrarse las indemnizaciones y mantener el miedo entre las plantillas.

Toda esta situación está provocando la respuesta de los y las trabajadoras; el pasado viernes día 7 más de 50 trabajadoras y trabajadores se concentraron en su base de Bilbao, convocados por LAB y ELA.

Mañana, 18 de diciembre, se volverán a concentrar en el interior del hospital de Basurto frente al edificio de Gobierno de este hospital a las 11.30h. A esta concentración además de los dos sindicatos nombrados anteriormente se ha sumado UGT.

Se desconoce si este tipo de actitud por parte de la dirección de la empresa es compartido por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, quien en lo referente a este servicio debe de ser garante de que las empresas subcontratadas por él deban funcionar tanto en el buen servicio que presta a la ciudadanía, como en el respeto a los derechos sindicales y laborales de las y los trabajadores.