Una de las características que definen éstas (y las últimas) cuentas del Estado, es la provisionalidad con la que se realizan. Es decir, que a puertas de nuevos rescates, sabemos con certeza, que los recortes que traen consigo estos presupuestos no serán los únicos. No tenemos más que recordar que en los PGE del 2012, no se tocaba la paga extra del funcionariado, y finalmente, fue eliminada.
Presupuestos cuyo objetivo es cumplir con el déficit establecido: devolver intereses de una deuda fruto de la especulación y ahondar en la senda de las privatizaciones y de la mayor explotación de la clase trabajadora. Por lo tanto, presupuestos antisociales, elaborados al dictado del poder financiero.
Lo que debería ser un instrumento de reparto de la riqueza, el Gobierno del PP lo emplea para todo lo contrario: mayor centralismo, mayor desigualdad, menos derechos sobre menos derechos y más paro sobre más paro.
A la espera de un análisis más profundo, los 40 mil millones de euros de recortes se van a traducir en una reducción aún mayor de las partidas dedicadas a sanidad, dependencia, desempleo, política industrial,.. Y a ello hay que añadir el paquete de nuevas leyes, que incidiendo en un mayor centralismo, van a imponer desde Madrid un endurecimiento y empeoramiento en las condiciones de acceso a la jubilación, en materia de negociación colectiva, en políticas de empleo, educación, unidad de mercado…
Estas nuevas imposiciones, no hacen sino reafirmar el camino iniciado por LAB hace cuatro años, cuando realizábamos la primera Huelga General exigiendo un cambio radical en las actuales políticas. Un camino avalado y secundado por amplias capas de la sociedad vasca, como pudimos comprobar ayer en la quinta Huelga General realizada en Hego Euskal Herria.
Seguiremos luchando y peleando en pro de un reparto de la riqueza justo y solidario, en pro de unos presupuestos cuyo centro sea la defensa de los derechos sociales y laborales de la población, para que puedan desarrollar una vida en condiciones dignas, y seguiremos luchando por un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social que garantice todo ello.