“ 25 años de dispersión y otros tantos de lucha ”
Los distintos Gobiernos del Estado español y francés han aplicado durante años una política de excepción en materia penitenciaria respecto a los presos y presas vascas. Esta política ha conocido diferentes etapas, una de ellas, la de la dispersión, se inicio en la primavera-verano de 1989, justo después de que finalizaran sin resultado las negociaciones de Argel. La dispersión pone en marcha el alejamiento en su sentido más estricto, es decir, la separación de los y las presas entre sÌ y el apartamiento por las cárceles de toda la geografía del Estado español. Hasta ese año la mayoría de las y los presos estaban en las cárceles de Carabanchel, Alcalá Meco y Herrera de la Mancha; 25 años después están dispersos en 51 cárceles españolas y 27 centros penitenciarios del Estado francés.
El objetivo de esta polÌtica era anular a la persona presa, desvincularla de su ideología y adscripción colectiva. En los veinticinco años que han trascurrido desde que securrido desde que se inició esta política, las palizas y agresiones físicas contra los presos y presas han sido constantes, tanto en el interior de las cárceles como en los traslados de una prisión a otra. El goteo de agresiones, aislamiento, privaciones básicas y la legislación a la carta ha sido constante con el objetivo de que las puertas de las cárceles nunca se abran. Esto ha tenido graves consecuencias en muchos hogares vascos.
Las cifras hablan por si solas: en 21 casos los Estados consiguieron su fin, es decir destruir al preso; han sido 16 los familiares y amigos los que han muerto en las carreteras de ambos estados cuando trataban de garantizar el derecho a la visita de sus seres queridos; además de las personas fallecidas se contabiliza un total de 267 accidentes de tráfico y más de un centenar de personas han resultado heridas de cierta consideración.
A todo esto debemos añadir el gasto económico al que los familiares deben hacer frente para garantizar el derecho a la comunicación. El kilometraje medio anual que afronta cada familia es de 63.599km y el gasto medio anual se eleva a 19.653 euros por familia, multiplicando estas cifras por los años transcurridos desde que comenzó la polÌtica de dispersión. El tamaño de esta extorsión ha alcanzado una magnitud que solo la solidaridad de Euskal Herria ha sido capaz de paliar en cierta medida.
Estos 25 años de dispersión han traído otros tanto de lucha; las y los presos polÌticos vascos han luchado por sus derechos, las y los familiares y allegados y la ciudadanía lo han hecho contra la dispersión y también para resolver el problema político que se esconde tras ella. Son incontables las movilizaciones, las actividades y las iniciativas que hemos conocido en Euskal Herria para acabar con la dispersión. Que la polÌtica de dispersión cumpla 25 años es inaceptable, no hay excusa alguna, tenemos que acabar con todas y cada una de estas polÌticas de excepción que no tienen justificación alguna.