Urko Aierbe: Euskara Idazkaritzako arduraduna
Xabier Ugartemendia: Zerbitzu Publikoetako Federazioko arduraduna
En los últimos años estamos conociendo una grave y preocupante ofensiva contra la euskaldunización de la administración, siendo su punta de lanza las sentencias de los juzgados contra las medidas a favor del euskera. Estas sentencias están cuestionando los perfiles lingüísticos de las convocatorias de empleo, las cláusulas lingüísticas de los pliegos de los contratos públicos, medidas de los planes de normalización o que los ayuntamientos puedan trabajar en euskera. Estamos ante una amplia y profunda ofensiva que pretende detener la normalización del euskera en la Administración, es decir, la consecución de una administración euskaldun que ofrezca un servicio en euskara y trabaje en este idioma.
Para ser conscientes de la magnitud de la ofensiva, tenemos mencionar que en los últimos cinco años, en la CAV, hemos conocido ya cerca de 50 sentencias, una cada mes, en una inaceptable sucesión sin fin. A éstas hay que añadir otras muchas sentencias conocidas en Nafarroa en años anteriores. De hecho, el ataque que hemos sufrido en la CAV en los últimos cuatro o cinco años lo hemos estado sufriendo de antemano en Nafarroa, donde la acción político-judicial contra el euskera es estructural y desde hace mucho tiempo, basándose en la negación y zonificación de la oficialidad.
El proceso de euskaldunización de la administración iniciado en la década de los 80 con el impulso de los agentes euskaltzales, entre ellos LAB, ha dado pasos significativos, tanto en extensión como en intensidad. Más aún teniendo en cuenta que veníamos del franquismo y de su administración totalmente castellanohablante. Así, el euskera ha logrado su presencia en todas las administraciones de la CAV (desde las locales hasta las diputaciones y autonómicas) y en algunas administraciones de Nafarroa (ayuntamientos de la zona media y norte de Nafarroa y departamentos concretos de la administración autonómica), hasta el punto de que el euskera es lengua de trabajo habitual en algunas instituciones en su totalidad o en algunas unidades administrativas. Hay que tener en cuenta que las miles de lenguas minoritarias que existen en el mundo, en muy pocos casos han alcanzado este nivel de recuperación exitosa en la administración de su propio ámbito.
Junto con la educación, la euskaldunización de la administración ha sido el pilar más importante para la recuperación del euskera. Y es que, gracias a este proceso, el corpus del euskera ha conocido una importante modernización, configurando una lengua administrativa de alto nivel; miles y miles de ciudadanos y ciudadanas se han euskaldunizado con la intención de poder trabajar en la administración; o ha servido para que el euskera adquiriese prestigio, entre otras cosas. En definitiva, este proceso ha servido para poder trabajar y vivir en euskera en amplios ámbitos. Proceso aún inacabado. Es mucho lo que hemos avanzado en las cuatro décadas, pero sigue siendo mucho lo que nos falta en ese camino.
Todo esto es lo que esta ofensiva quiere atajar violentamente. Los sectores que no quieren una recuperación completa del euskera han decidido que es suficiente, han llegado a la conclusión de que «hemos ido demasiado lejos». Desde sindicatos que demandan explícitamente en su nombre u ocultándose detrás de demandantes individuales, pasando por medios de comunicación concretos que están justificando la ofensiva y creando un clima favorable a la misma, hasta partidos políticos que están promoviendo una acción político-institucional a favor de la misma. A pesar de ser agentes de diferentes ideologías y sectores, todos están incidiendo en el mismo objetivo: frenar el proceso de normalización del euskera, tanto en la administración en concreto como en todos los ámbitos en general. Utilizando en los discursos una supuesta falsa dicotomía entre los derechos laborales y lingüísticos, entre otros. Estos agentes que promueven el supremacismo lingüístico pretenden mantener la hegemonía y la obligatoriedad del castellano, limitándose a que el euskera sea secundario y opcional. De hecho, este conflicto lingüístico que se nos expresa fortalecido es un componente importante de la opresión nacional que padecemos.
Ante esta ofensiva contra el euskera y los derechos lingüísticos de los y las euskaldunes, los agentes euskaltzales tenemos la responsabilidad de articular una respuesta del mismo nivel. También LAB. Trasladando la consigna «Ninguna agresión sin respuesta» a la lucha por el euskera, en cada centro de trabajo debemos hacer frente a cada ataque a nuestros derechos lingüísticos; a las sentencias que puedan llegar de los tribunales, a las decisiones en contra que puedan venir de las instituciones o de la política y a los obstáculos que nos impiden en el día a día poder trabajar en euskera.
Pero cometeríamos un grave error si nos limitáramos a hacer una mera defensa de lo conseguido hasta ahora. Eso es en gran medida lo que buscan las fuerzas euskarófobas. No debemos permitir que se produzca ni un solo retroceso en el proceso hacia la normalización integral del euskera. Más allá de esto, los responsables institucionales deben realizar un cambio estructural en la normativa que regula la euskaldunización de la administración. La euskaldunización de la Administración debe situarse en otro paradigma. Como principio, debe establecerse la exigencia del euskera para todos los puestos de la administración, equiparando la exigencia del euskera a la del castellano. Se establecerá una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico, pero siempre con una estricta justificación. Además, se deben incrementar los recursos y las liberaciones que permitan la euskaldunización de todas y todos los empleados públicos. Todo ello en una clara dirección: conseguir una administración euskaldun que trabaje y preste servicio en euskera. Recogiendo esta filosofía, EH Bildu ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público que será uno de los principales temas de debate para los próximos meses.
En el mismo sentido, en el año 2022 Euskalgintzaren Kontseilua, ELA y LAB presentamos una propuesta para euskaldunizar la administración de la CAV en 15 años. En estos tres años, lejos de que la situación mejorara, se han producido los citados graves retrocesos. En consecuencia, una de las tareas más importantes que tendremos en los próximos meses será revisar, actualizar y dar un nuevo impulso a esta propuesta, a la espera del resultado que den las propuestas de modificación de la Ley de Empleo Público. Asimismo, desde una perspectiva nacional, tendremos que abordar iniciativas para impulsar nuevos pasos en la euskaldunización de la administración de Nafarroa y de la administración de Ipar Euskal Herria.
Luchemos, por tanto, por nuestro derecho a trabajar en euskera administración a administración y empresa a empresa. Esa es también la responsabilidad de las y los militantes de LAB. ¡Impulsemos el euskera en los servicios públicos!