Dice un castizo refrán "la mentira tiene los pies cortos"; y de la misma manera podemos asegurar que las verdades a medias del Gobierno de UPN-PSN tampoco tienen mucho recorrido.
El pasado 7 de septiembre el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, compareció ante los medios de comunicación para anunciar una reducción del gasto público cuantificada en 327,2 millones de euros. Con posterioridad, el Gobierno ha revisado al alza diferentes previsiones de ingresos (además de otros ajustes de contabilidad nacional) y hoy, finalmente, la presidenta Yolanda Barcina ha anunciado que el ajuste presupuestario hasta finales de año será de 294,3 millones, lo que equivale a un 7,7% del presupuesto inicialmente aprobado.

En cualquier caso, las medias aprobadas constituyen el mayor ajuste jamás aprobado por un Gobierno de la Comunidad Foral, aunque traten de camuflarlo con maniobras contables y recortes presupuestarios por entregas y a plazos.

La obligación de cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Estado se ha convertido, paradójicamente, en un compromiso asumido de buen grado por el Gobierno que dirige Yolanda Barcina. Y ahora, el ejecutivo foral pretende trasladar a los ayuntamientos y a la ciudadanía los problemas de financiación derivados de este hecho y de la mala gestión de la Hacienda navarra.

Las consecuencias de todo ello recaerán sobre los diferentes colectivos del sector público que verán agravadas sus condiciones de trabajo, y sobre los ciudadanos y ciudadanas navarras que sufrirán el deterioro de los servicios públicos básicos, sobre todo en salud y educación.

Mientras tanto, el Gobierno exhibe una resistencia numantina a subir los impuestos a las rentas más altas y a recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio. Baste recordar que el último año que se recaudó este impuesto se ingresaron 66,3 millones de euros.

Por supuesto, tampoco se verán afectados por este recorte los beneficios fiscales concedidos a las empresas en el Impuesto sobre Sociedades, cuya cuantía asciende a un total aproximado de 146 millones de euros.

En definitiva, queda claro que el gobierno UPN-PSN ha decido abordar sus problemas de financiación recortando el gasto público; pero evita actuar sobre el sistema tributario como instrumento para aumentar los ingresos públicos y redistribuir la carga fiscal de forma más equitativa y progresiva.

Al mismo tiempo hemos conocido que el Gobierno ha colocado 81,5 millones de euros en bonos a tres años, con un coste de emisión del 4,75% anual, lo que equivaldrá a casi 4 millones de euros anuales en intereses.

Sin embargo, hasta la fecha desconocemos si estos recortes afectarán a los más de 8 millones de euros previstos en el presupuesto inicial de 2011 para financiar convenios de colaboración y actividades de la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO.