LAB reclama un cambio radical de las políticas económicas para fortalecer los servicios públicos y la protección social.
Según los datos difundidos por los Servicios Públicos de Empleo el paro registrado en Hego Euskal Herria aumentó en 5.255 personas durante el mes de octubre, lo que supone un incremento del 2,5% con respecto al mes anterior; mientras que en octubre del año pasado el paro aumentó un 1,5%. Por lo tanto, podemos afirmar que el crecimiento del paro se está acelerando.
El agravamiento que muestra la evolución del paro también es apreciable en términos interanuales. En la actualidad hay un total de 219.071 personas en paro, es decir, un 16,9% más que hace un año; mientras que el incremento interanual en octubre de 2011 fue del 7,4%.
Esta sucesión de datos estadísticos puede resultar un tanto fría, pero nos permite percibir la gravedad del momento, así como la dramática situación por la que atraviesan decenas de miles de familias.
No debemos olvidar que desde el inicio de la crisis el número de personas desempleadas en Hego Euskal Herria ha aumentado más del doble (+115%) y cuatro años después continúa una tendencia ascendente que parece no tener fin. Este hecho y el agotamiento de las prestaciones por desempleo son motivo de gran preocupación, ya que actualmente hay casi 102.000 personas en paro que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo.
En este sentido, resultan insultantes y completamente ajenas a la realidad las declaraciones efectuadas por la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, cuando asegura que “la situación no está empeorando respecto a la del año pasado”.
A la vista del panorama que presenta la coyuntura laboral, también cabe destacar que la última reforma laboral ha sido un completo éxito como instrumento para facilitar el despido y abaratar su coste, ahora también en el sector público. Pero el incesante ataque a los derechos laborales y sociales en ningún caso nos acerca al final de la crisis, sino más bien todo lo contrario.
Para remontar la recesión será preciso un cambio radical de las políticas económicas para fortalecer los servicios públicos y la protección social, y al mismo tiempo aligerar la deuda cargando sobre los acreedores las pérdidas que les corresponden por culpa de la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera.
Gasteiz, 5 de noviembre de 2012