2024-05-25
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Posici贸n de LAB respecto a la reforma fiscal anunciada por el Gobierno de UPN

La propuesta de reforma fiscal elaborada por el ejecutivo de UPN se concreta en una rebaja de tipos de gravamen en el IRPF que resulta especialmente generosa para los tramos de renta más elevados, la reducción de la imposición a las rentas del capital y a los grandes patrimonios, y el establecimiento del tipo nominal más reducido de todo el Estado en el Impuesto sobre Sociedades (el 20%), a pesar de que actualmente el tipo medio efectivo apenas alcanza el 12%.

Esta propuesta es absolutamente contraria a los principios de progresividad fiscal, distribución equitativa de la carga tributaria y suficiencia recaudatoria. Además, su único objetivo reside en conceder un trato fiscal más favorable a los beneficios empresariales, a las rentas más elevadas y a las grandes fortunas. Todo ello en detrimento de la recaudación tributaria.

El gobierno de Yolanda Barcina demuestra así su nula voluntad por corregir el injusto reparto de las cargas tributarias que resulta del actual sistema tributario, debido al desigual tratamiento otorgado a las rentas dependiendo de su origen. La prueba más rotunda de este desmesurado atropello es que las rentas del trabajo suponen menos de la mitad del PIB (el 42%), frente al 48,8% que representan las rentas del capital y los excedentes empresariales; sin embargo, la contribución fiscal de las rentas del trabajo triplica los impuestos directos pagados por las rentas del capital y las empresas.

Por otro lado, la propia consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, sostiene que la reforma “no se puede hacer a costa de una mayor presión fiscal”, a pesar de que este indicador en Nafarroa se encuentra entre de los más bajos de la Unión Europea. De hecho, sólo hay tres Estados miembros de la UE con una presión fiscal (en porcentaje del PIB) inferior a la nuestra, que son: Letonia, Lituania y Bulgaria.

Lógicamente, cuanto menores son los ingresos públicos, más reducido es el tamaño del sector público y menor su capacidad para proporcionar servicios básicos (sanidad, educación…), estimular la reactivación del empleo y sostener políticas redistributivas que ayuden a combatir la pobreza y las desigualdades sociales.
En este sentido, no sorprende que el esfuerzo dedicado a protección social en Nafarroa sea de los más raquíticos de la Unión Europea. En concreto, según datos oficiales del instituto de estadística navarro (IEN) el gasto social en nuestro territorio representa el 19,4% del PIB, es decir, muy por debajo del 29,1% del PIB que alcanza la media comunitaria. Esta desconvergencia social con respecto a la UE sí que evidencia una situación especialmente gravosa para la población navarra en comparación con la media europea.

Precisamente, la debilidad de las políticas sociales aplicadas en Nafarroa está relacionada con diferentes factores, entre los que destacan: el déficit de competencias (más del 57% del gasto en prestaciones sociales son responsabilidad del Estado), la escasa sensibilidad social de la derecha navarrista, la regresiva orientación de su política tributaria y el nivel de fraude fiscal instalado en las rentas empresariales y del capital.

Como consuelo a todos estos despropósitos es de esperar que la situación de minoría que arrastra el gobierno, y la falta de apoyos entre los grupos de la oposición, permita dar al traste con la anunciada reforma fiscal y acelere el final del régimen de UPN.

 

 

 

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