En este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral, una vez más debemos denunciar el incumplimiento de los principios preventivos básicos por parte de las Empresas y la falta de interés de las Administraciones públicas responsables de garantizar que se cumplan. 
A esto se le suma el grave recorte de los derechos laborales y sociales que está sufriendo la clase trabajadora en los últimos tiempos y que supone una agresión contra su seguridad y su salud.

Como consecuencia de ello, la situación de la salud de la clase trabajadora se va deteriorando progresivamente.

En el sector privado los accidentes de trabajo, incluso con resultado de muerte, siguen siendo una realidad habitual, pero evitable y su ligera disminución en cifras en los últimos años se debe al descenso de la actividad económica y no a la adopción de medidas preventivas.

Y en los sectores que ofrecemos servicios públicos se lleva a cabo una prevención “de papel”. Es decir, la Administración dispone de la documentación preventiva, pero no se lleva a cabo una verdadera Prevención integrada en todos los ámbitos de la Empresa y en todos sus niveles jerárquicos. En general:

• ni los mandos intermedios, ni los altos responsables de las Administraciones Públicas conocen los principios básicos de la acción preventiva.
• La Vigilancia de la Salud en numerosas Administraciones no es específica en función de los riesgos,
• ni se consulta a los y las delegadas de prevención sobre los protocolos de salud a aplicar,
• o la vigilancia se limita a un análisis de sangre anual para valorar el colesterol u otros parámetros de carácter secundario.
La participación de los y las trabajadoras es una asignatura pendiente y existe una excesiva burocratización de la actividad preventiva, de tal modo que se llevan a cabo reuniones, se redactan actas, se hacen evaluaciones de riesgos, estudios, reconocimientos médicos, etc., pero no se avanza realmente en corregir las situaciones de riesgo. Da la impresión de que la prevención, al igual que el cuidado del medio ambiente o la igualdad de oportunidades son temas que “venden bien”, dan buena imagen, pero a la hora de la verdad, no se observa una clara implicación por dichas áreas.

Las condiciones laborales del personal de las contratas de obras y servicios muy a menudo escapan del control de las propias Administraciones que las contratan, debido a que hacen dejación de sus obligaciones.
Precariedad y salud son elementos contrapuestos y los contratos precarios se centran sobre todo en los sectores más feminizados, como la asistencia socio-sanitaria o el de la limpieza.

Es por ello imprescindible introducir en los pliegos de condiciones de dichas contrataciones cláusulas que eviten la subcontratación en cadena y los contratos en precario y que garanticen realmente el cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales.

Para ello también es importante facilitar el control de las condiciones laborales del personal de las contratas por parte de los y las Delegadas de Prevención de las Administraciones / los sectores públicos.

Los riesgos psicosociales se han convertido en una verdadera lacra, debido principalmente a la falta de implicación de los responsables políticos para evitar, o cuando menos solucionar, estas situaciones, de las que ni tan siquiera se reconoce su origen laboral.
Y en este no reconocimiento tiene mucho que ver la actitud de parte del personal técnico y médico de los Servicios de Prevención, del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), así como de las mutuas, que sistemáticamente niegan el origen laboral de los daños a la salud y los derivan al sistema sanitario público, por lo que estos accidentes y enfermedades de origen laboral no aparecen en las estadísticas ni se adoptan medidas para prevenirlos.

Y todo esto, en gran medida, se debe a que tanto los Institutos autonómicos de Salud Laboral (OSALAN o INSL), como las Inspecciones de Trabajo no obligan a las Administraciones Públicas a cumplir efectivamente la normativa en Prevención de Riesgos.

RECORTES: NUEVOS ATAQUES A LA SALUD

Por si esto no fuera suficiente, las distintas reformas y recortes que nos están imponiendo en los últimos años, y en especial la última reforma laboral, así como otras medidas que ya nos están adelantando

• suponen una pérdida de derechos laborales y sociales,
• abren la puerta al despido del personal laboral de las Administraciones públicas y
• sus consecuencias van a tener una incidencia negativa directa en la salud de la clase trabajadora.
 
El aumento de la jornada laboral recién anunciada por el gobierno español del PP que de manera más que probable pretenderán implantar los gobiernos de Iruñea y Gasteiz, junto con las reducciones de plantillas y la no sustitución del personal, aumentarán las cargas y ritmos de trabajo y perjudicarán también, entre muchas otras cuestiones, a la salud de las personas que permanezcan en su puesto de trabajo.

El repago sanitario que se empieza a avisar no vendrá a arreglar la situación de las y los trabajadores y, menos aún, de quien quede en la calle con cada vez menos prestaciones sanitarias y sociales.
Y en breve (medida anunciada para dentro de 6 meses más o menos) las mutuas podrán conceder altas en los procesos de contingencias comunes.

Por otro lado, la coyuntura económica se traduce también en una menor aplicación de medidas preventivas y en menor inversión en seguridad y salud laboral.

TENEMOS QUE RESPONDER

Debemos presionar por tanto para que la prevención sea una realidad en todos y cada uno de los centros de trabajo y no se limite a la redacción de unos documentos para archivar en un armario o a la celebración de reuniones sin verdadero avance en la eliminación de los riesgos.

Al mismo tiempo debemos exigir a los distintos ámbitos institucionales que no apliquen esas medidas de recorte de los servicios públicos que nos impone el Gobierno español, porque suponen una nueva ingerencia en nuestra maltrecha negociación colectiva y porque no van a traer soluciones, sino un empobrecimiento mayor de nuestra sociedad.

Debemos exigirles que apliquen medidas justo en el sentido contrario: reactivando los servicios públicos, incrementando los presupuestos en los mismos, creando empleo de calidad, etc.

NECESITAMOS UN MODELO PROPIO

Sin duda alguna cada vez se hace más urgente y necesaria la construcción de un Marco Propio de Relaciones Laborales y Protección Social. Porque vivimos y trabajamos aquí, debemos decidir aquí también cuáles son las normas que deben regir nuestras relaciones laborales: libres de imposiciones, que garanticen un empleo saludable, seguro y de calidad; con un sistema de protección y de prevención libre de mutuas y con verdadero control público, que tenga como prioridad la salud de las personas. En definitiva, un modelo público, universal, participativo y de calidad donde nuestra salud no dependa de criterios mercantilistas.

Y esto en Euskal Herria lo podemos hacer. Porque tenemos una situación económica y social bien distinta a la del Estado español, pero lo que es más importante: porque desde nuestra situación política, sindical y social tenemos la oportunidad de construir un modelo propio y la fuerza suficiente para hacerlo. ¡Y lo vamos a hacer!


Gure osasuna bermatzeko, eredu propioa eraiki dezagun!
Para garantizar nuestra salud, construyamos un modelo propio