La deriva económica del Estado español, una razón más para buscar nuestro propio modelo de desarrollo socio-económico en un nuevo marco soberano e independiente.
El Consejo de Ministros aprobará hoy al anteproyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria. El Gobierno ha fijado como objetivo prioritario de su política económica el control del déficit público; un objetivo que hará cumplir a todas las Administraciones Públicas a través de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Por el contrario, este exceso de celo para reducir el déficit fiscal contrasta con la falta de voluntad política para afrontar el déficit social que nos separa con respecto a la Unión Europea. De hecho, en el Estado español el esfuerzo en protección social medido en relación al PIB es un 20% inferior al realizado en la Eurozona, una distancia que apenas se ha reducido con el paso de los años.
La próxima ley de estabilidad viene a desarrollar la reforma constitucional aprobada el pasado agosto. Como se recordará, además del “déficit cero”, la reforma constitucional concedió prioridad absoluta al pago de los intereses y al reintegro de la deuda pública frente a cualquier otro pago. Y también se incorporó el compromiso constitucional de que los créditos de la deuda pública no podrán se objeto de enmienda o modificación. Por tanto, la Constitución Española garantiza, por encima de todo, los intereses de la banca y el reintegro completo de sus deudas, renunciando a solicitar una quita de deuda en caso de rescate.
Es evidente que todos estos cambios jurídicos, incluido el de la Carta Magna, son producto del chantaje de los mercados (bancos y grandes corporaciones de inversión financiera) y de las potencias europeas; un chantaje al que se han sometido dócilmente los partidos mayoritarios del Estado español y sus respectivos gobiernos.
Al parecer, las medidas del Gobierno del PP han recibido el respaldo unánime de las comunidades de régimen común. Aunque para asegurarse la lealtad institucional de las CCAA, el Gobierno central no ha dudado en reforzar las sanciones contra las administraciones que no cumplan los límites de deuda y los techos de gasto.
Es de suponer que los Gobiernos vascongado y navarro harán valer el régimen foral que caracteriza su sistema de financiación autonómica para abordar estos temas formalmente con el gobierno central a través de algún encuentro bilateral.
Ahora bien, el Gobierno del PP ya ha puesto especial énfasis en resaltar que el contenido de la nueva ley pretende transmitir “una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias” para todas las administraciones. Además, detrás de esa apariencia foral y bilateral se esconde una relación de subordinación, como demuestra el hecho de que ambos gobiernos autonómicos hayan tenido que asumir sistemáticamente el objetivo de déficit fijado para el resto de CCAA.
Por lo tanto, a partir de ahora disfrutaremos de una autonomía presupuestaria y financiera más estrecha y vigilada, sin posibilidad de recurrir al endeudamiento público como instrumento de política presupuestaria. Y todo ello para justificar la adopción de unos recortes del gasto público que nos colocan a las puertas de una nueva recesión.
En sentido, la deriva económica del Estado español y el carácter antisocial de sus políticas constituyen una razón más para buscar nuestro propio modelo de desarrollo socio-económico en un nuevo marco soberano e independiente.
Euskal Herria, 27 de enero de 2012