La reforma fiscal que prepara el Gobierno del PP “no puede basarse en una rebaja de la recaudación”, según palabras textuales del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esto sólo puede significar que la bajada de impuestos prometida por el gobierno consistirá en una reducción-trampa de algunos tributos que será compensada con el aumento de otros más regresivos. El resultado neto de una reforma de estas características tendría consecuencias contrarias a la equidad fiscal y la cohesión social.

La comisión de expertos creada ad hoc entregó ayer al ministro Montoro el informe donde se recoge una extensa propuesta de modificaciones fiscales que serán analizadas hoy mismo en el Consejo de Ministros. La filosofía que inspira el grueso de las recomendaciones está orientada a trasladar parte de la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta; una lógica que incide negativamente en la progresividad del sistema fiscal y en la redistribución de las rentas.

Algunas de estas novedades fiscales no tendrán efecto en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, ya que en base al Concierto y al Convenio Económico disponen de amplias competencias normativas sobre impuestos directos (como IRPF y Sociedades).

Sin embargo, los cambios más regresivos afectarán a materias sobre las que los territorios forales no tienen competencias normativas, como es caso del IVA o de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El ejecutivo español ha negado que vaya a subir el IVA, en referencia a los tipos de gravamen del impuesto. Pero detrás de esta pose mantiene abierta la posibilidad de elevar la fiscalidad sobre el consumo de forma encubierta, es decir, optando por una reclasificación de productos y servicios que ahora tributan a tipos reducidos (4% y 10%) y pasarían a estar gravados al tipo general (21%). Esta opción cobra cada vez más fuerza bajo las insistentes presiones que en este sentido vienen ejerciendo Bruselas y el FMI.

Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo y tiene efectos regresivos en la redistribución de las rentas, porque supone un mayor esfuerzo fiscal para los sectores sociales más desfavorecidos (colectivo que no tiene capacidad de ahorro y consume íntegramente sus ingresos en cubrir necesidades básicas).
Por tanto, un aumento del IVA contribuiría a agrandar las desigualdades sociales; y su impacto sería tanto mayor cuanto más afecte a los productos de primera necesidad, en la medida en que su consumo absorbe la renta disponible de las personas con menos recursos.

Con respecto a la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para abaratar los costes laborales de las empresas, subrayar que el gobierno pretende camuflar una nueva rebaja salarial. Después de todo, las cotizaciones sociales constituyen un salario diferido. Después de que el tándem PP-PSOE haya acometido el ataque más salvaje de la historia contra el sistema público de pensiones, el mero hecho de contemplar esta posibilidad es un insulto.

En definitiva, estamos a las puertas de una devaluación fiscal que tiene como objetivo aumentar la competitividad empresarial a costa de más sacrificios para la clase trabajadora.