Mikel Saralegi, Miembro de la comisión socioeconómica de LAB

El PSOE de Gemma Zabaleta y Elena Torres, de la mano de PP y UPN, ha dado “luz verde” al endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos tanto en la CAPV en Nafarroa. Con la excusa de asegurar la sostenibilidad del sistema de protección social y con la bandera de combatir el fraude, pretenden dificultar el acceso a dicha prestación mediante el alargamiento del período de empadronamiento, la obligación de aceptar empleos miserables y forzando a la realización de trabajos sociales comunitarios.
Para comprender el significado de estas iniciativas es preciso que tengamos en cuenta tres elementos: la realidad social, el proyecto del capital y la respuesta institucional de los poderes políticos aliados con él.

Vivimos una situación social desgarradora: actualmente en Hego Euskal Herria aproximadamente 200.000 personas están desempleadas, casi 71.000 personas son perceptoras de Rentas Básicas, cada día tienen lugar 7 desahucios de vivienda, más de 300.000 pensionistas reciben ingresos por debajo de los 650 euros,… Pero hay algo más detrás de los números. Hay mujeres y hombres, personas mayores, niñas y niños envueltos en situaciones de desesperanza, endeudamiento, insatisfacción personal, frustración de proyectos, malestar psíquico, desestructuración de unidades de convivencia. Son quienes han sido sacrificados por tanto hooligan del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la libertad de mercado, del beneficio a toda costa etc.

En este contexto, la precariedad laboral y social, la exclusión social o el riesgo de caer en ella no son consecuencias no deseadas de la política económica. Más bien al contrario. Es uno de los pilares sobre los que se asientan las decisiones que tanto el poder financiero como los gobiernos están adoptando para apuntalar el nuevo escenario económico al que nos empujan. A partir de la prioridad fundamental por salvar a los bancos, el objetivo a medio plazo es el de reducir al máximo el tamaño y el quehacer de lo público, abriendo aún más las puertas al proceso privatizador, vaciando para ello de contenido los derechos sociales, y completando el cuadro con un ataque demoledor al salario y a las condiciones laborales sobre las que puedan hacer engordar sus tasas de beneficio.

Y así llegamos al tercer de los elementos: la actuación de la derecha política y sus aliados “socialistas” en consonancia con los intereses del capital y la patronal. Tanto en la CAPV como en Nafarroa han decidido poner el actual Sistema de Garantía de Ingresos al servicio de un modelo socioeconómico injusto y marginador, dándole la espalda a la justicia redistributiva y a la transformación de situaciones de precariedad y exclusión social. Y para ello no están ahorrando esfuerzos.

Estigmatizan a miles de personas tratándolas como sospechosas de fraude, dando a entender que esta prestación se adjudica sin ningún tipo de control y que las personas beneficiarias simplemente se aprovechan de ellas. ¡Ya se nota que no les ha tocado solicitar esta renta! No se puede frivolizar la problemática del desempleo y la exclusión con brocha gorda. ¿Acaso están disimulando las personas que acuden a los bancos de alimentos o a los comedores sociales? ¿Están fingiendo quienes recurren a las asociaciones solidarias pidiendo ayuda material? ¿Qué pasa con esas personas migrantes sometidas a condiciones esclavistas sin ninguna cobertura legal? ¿Quién defrauda: aquel que consiente que personas migrantes sean sometidas a condiciones esclavistas en economía sumergida o esas mismas personas cuando necesitan sobrevivir una vez que son abandonadas en la calle?

Así con un discurso estigmatizador se van vaciando los derechos sociales y se va diluyendo el derecho de ciudadanía a ver cubiertas las necesidades vitales básicas. No hay derechos para las y los sospechosos, sólo hay obligaciones, amenazas y expulsiones del sistema. Es la política de la derecha europea, criminalizar a los sectores más débiles reconocer a los ricos, aunque defrauden sistemáticamente a Hacienda.

Amenazan con hacer perder la prestación a quien rechace una oferta de empleo o, en su caso, podrá verse obligado a realizar una prestación social sustitutoria. Y esta intimidación no es inocente. En este contexto de despidos, de EREs, de presión patronal por reducir los salarios se quiere utilizar a las personas desempleadas para que acepten lo inaceptable y así, arrastrar al precipicio de las condiciones laborales pésimas a un sector importante de la clase trabajadora. Igual que la reforma laboral está suponiendo un fracaso en la creación de empleo de calidad, las modificaciones en la percepción de las Rentas de Garantía de Ingresos van encaminadas al mayor de los fracasos a la hora de frenar los procesos de exclusión social.

Lo que está ocurriendo en Alemania como aplicación de la Hartz IV (entre otras cosas unificación del subsidio de desempleo y la ayuda social) debería hacer reflexionar: mayor pobreza, menores ingresos económicos, aumento de quienes entran en las bolsas de exclusión, aumento situaciones de desprotección infantil etc. ¿Es que alguien puede pensar que con contratos temporales, jornadas parciales, sueldos bajos, se puede superar el riesgo de exclusión?

El Departamento de Zabaleta, y lo mismo ha ocurrido en Nafarroa, han elegido el peor de los caminos. Se ha dado la espalda a los diferentes agentes sociales, a su experiencia y sus propuestas para abordar de manera global el modelo de acción social para evitar el crecimiento de la pobreza. Por sus aliados los conoceréis: han elegido a la derecha más reaccionaria que no cree en los derechos sociales y que nos quiere retrotraer a los tiempos de la limosna y la caridad.

Por eso desde LAB afirmamos que así no se crea sistema de protección social. Frente a quienes sólo hablan de salvar a los bancos, decimos que primero las personas. Frente a quienes quieren privatizarlo todo, decimos que lo público debe ser el motor combatiendo el fraude fiscal y empresarial, promoviendo el reparto justo de la riqueza y posibilitando empleos de calidad. Frente a quienes quieren hacer desaparecer los derechos sociales y mantener situaciones de pobreza y marginación, ahora más que nunca hay que exigirlos con debate y participación social, para ir construyendo alternativas que los hagan factibles. La necesidad de un marco vasco de relaciones laborales y protección social al servicio de las personas y no de los mercados, cada día urge más.