En primer lugar es oportuno dar la bienvenida al PNV por avenirse, aunque con retraso, a la necesidad de abordar la reforma de las principales figuras impositivas sobre las que se dispone de capacidad normativa en las Juntas Generales de cada territorio. La urgencia de una profunda reforma fiscal ha sido una constante dentro del programa reivindicativo de LAB y a día de hoy continúa ocupando un lugar prioritario en el mismo.

Sin embargo, hasta la fecha esta demanda ha encontrado escaso eco en las filas del PNV, partido político que mostró una actitud perezosa y conservadora a la hora de encarar el debate fiscal abierto el año pasado y posteriormente cerrado en falso. De hecho, entonces el PNV decidió jugar un papel obstruccionista de la mano junto al PP y de esta forma impedir (allí donde la aritmética les era favorable) reformas más audaces que hubieran permitido mejorar la equidad fiscal del sistema tributario y aumentar su capacidad para sostener los servicios y las prestaciones públicas.

Ahora bien, ya sea porque el PNV ha descubierto recientemente que la crisis no nos va a abandonar a corto plazo, o porque sus preferencias políticas han cambiado ahora que ocupan de nuevo Ajuria Enea y se ven obligados a acometer los recortes presupuestarios más duros que jamás haya realizado ningún Gobierno Vasco, lo cierto es que el PNV parece haber cambiado de opinión.

En segundo lugar, nos preocupa la posibilidad de que el PNV intente hacer valer su presencia mayoritaria en el Órgano de Coordinación Tributaria para condicionar la profundidad de una reforma fiscal diseñada a su medida.

Estos recelos son producto del insoportable peso de la herencia recibida en política fiscal. Después de todo el PNV tiene una gran responsabilidad en la configuración actual de los impuestos directos vigentes, tras largos años dedicados a promover reformas destinadas a conceder privilegios a las rentas de capital y disminuir la presión fiscal sobre los beneficios empresariales, las rentas más elevadas y los grandes patrimonios.

Respecto a la propuesta de modificación del IRPF, a pesar de su falta de concreción, nos parece adecuado que se establezca como principio que cada contribuyente tribute de acuerdo con su verdadera capacidad económica y conforme a criterios de progresividad fiscal para reforzar la equidad del impuesto.

Todos los pasos que se den en esta dirección supondrían una rectificación de la orientación que hasta ahora ha guiado la fiscalidad jeltzale. No obstante, echamos de menos un compromiso explícito para que las rentas de capital reciban el mismo tratamiento que las rentas del trabajo.

En cuanto a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, resulta decepcionante comprobar que el PNV se obstina en utilizar este impuesto como una herramienta para “fortalecer la competitividad de nuestro tejido productivo” y justificar así la concesión de nuevos privilegios fiscales a las empresas.
Precisamente, esta concepción del Impuesto de Sociedades como instrumento para la competencia ha provocado una constante reducción de la contribución fiscal que realizan las empresas para el sostenimiento del gasto público y la provisión de bienes y servicios de los que hacen uso en el desarrollo de su actividad productiva.

Esta estrategia de competencia fiscal se ha demostrado ineficaz para atraer la localización de empresas, entre otras razones porque se trata de una maniobra imitada en todos los países de nuestro entorno; sin embargo se ha convertido en un factor que erosiona la equidad y la capacidad recaudatoria del sistema tributario.

Gasteiz, 18 de abril de 2013 

 

LAB SAREAN
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