La política de recortes presupuestarios impuesta en toda la Unión Europea ha dejado en evidencia que la salida de la crisis no constituye el objetivo prioritario de los poderes políticos y económicos. Los compromisos adoptados con la estabilidad presupuestaria y la reducción del gasto público no sólo han demostrado ser una opción fracasada para remontar la actual coyuntura, sino que además han provocado un deterioro de la economía que nos conduce a una segunda recesión. A pesar de ello, gobiernos de diferente signo político insisten en aplicar medidas dirigidas a satisfacer intereses que muy poco tienen que ver con las necesidades de la población en general y de los sectores sociales más desfavorecidos y castigados por la crisis.

Esta orientación presupuestaria de corte restrictivo también parece haberse instalado en el Gobierno Vasco sostenido por PSE-PSOE y PP. En concreto, éste es el tercer año consecutivo que el ejecutivo de Patxi López presenta un proyecto de presupuestos con un volumen de gastos inferior al aprobado para el año precedente.

Aunque el ejecutivo de Lakua es perfectamente consciente de los efectos recesivos que provoca su política presupuestaria, las cuentas públicas elaboradas por el gobierno para 2012 contemplan un gasto total de 10.499 millones de euros, lo que supone un recorte de 100,3 millones respecto al presupuesto aprobado para el año 2011.

Además, el gobierno ha optado por no agotar el techo máximo de gasto permitido para cumplir con el objetivo de déficit fijado en el 1,3% del PIB y que equivaldría a 926 millones de euros, es decir, aproximadamente 44 millones más que el déficit asumido por el gobierno.

Es cierto que los criterios de estabilidad presupuestaria vienen impuestos por los compromisos adoptados en el seno de la UE. También la Constitución española (reformada bajo la presión de las potencias europeas, el BCE, y el chantaje de los mercados) impedirá en breve incurrir en déficit estructural. Pero el gobierno de Lakua ha decidido aplicar estos criterios de disciplina fiscal con mayor rigor del exigido, y ello a pesar de tener el ratio de endeudamiento autonómico más bajo de todo el Estado (el 7,9% del PIB frente al 12,6% de media estatal).

Las medidas de ajuste previstas para 2012, cuyos efectos se acumularán a las de años anteriores, harán caer un 1% el gasto presupuestado. Ahora bien, para tener una visión más exacta del esfuerzo restrictivo realizado por el gobierno la comparación debería realizarse sin tener en cuenta el gasto de personal (ya que se considera un coste fijo) y el montante dedicado a las obras del TAV (puesto que está financiado por el gobierno central). Así considerado el recorte presupuestado asciende a un 3,73%.

Comprobamos así que en lugar de poner el sector público al servicio de la recuperación económica, se opta por seguir profundizando en la aplicación de políticas de recorte en un momento muy delicado, tal y como demuestra la situación de estancamiento en la que entró nuestra economía en el tercer trimestre del año. Precisamente, la caída del gasto público ha sido responsable en gran parte de este empeoramiento de la evolución económica.

Para vencer esta obsesión por acometer el ajuste del presupuesto por el lado del gasto es urgente abordar una ambiciosa reforma fiscal que permita aumentar la recaudación, pero en clave de justicia fiscal y no gravando más a quienes menos tienen. En definitiva, hay que mejorar la progresividad del sistema tributario y eliminar los privilegios que disfrutan las rentas más elevadas, los ingresos del capital y los beneficios empresariales.

A modo de ejemplo destacamos que las haciendas forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dejarán de ingresar cerca de 435 millones de euros en concepto de beneficios fiscales a las empresas. Con esa cantidad se podrían doblar los recursos destinados a la renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia, y todavía sobrarían 95 millones más.
En esta sentido, consideramos oportuno denunciar también el pacto fiscal alcanzado por PNV y PP para tratar de obstaculizar aquellas reformas que permitirían establecer un sistema fiscal más redistributivo y solidario.

En todo caso, el gobierno de Patxi López ha elegido la peor de las opciones para cuadrar las cuentas públicas del próximo ejercicio, dando la espalda a los problemas que deberían encabezar su agenda de prioridades: el desempleo y las duras condiciones de vida que atraviesan los colectivos más afectados por la crisis y la pobreza.

Lakua intenta adornar su lamentable política presupuestaria afirmando que la generación de empleo constituye su mayor preocupación; pero esta retórica hueca no viene avalada por el proyecto de Presupuestos Generales elaborado para 2012.

La creación de empleo debería venir de la mano de la inversión pública; sin embargo, las inversiones disminuyen un 2,2%. Y si descontamos el efecto del TAV, cuya financiación en realidad procede del gobierno central, descubrimos que el esfuerzo inversor realizado por Lakua se verá reducido en un 9,2% con respecto al aprobado para 2011.

Por cierto, merece la pena hacer un paréntesis para destacar que el proyecto del TAV no sólo no se ha visto afectado por la severa disciplina presupuestaria, sino todo lo contrario. En el ejercicio 2012 se destinarán a estas obras 350,7 millones de euros, dotación que representa un incremento del 27,3% respecto a lo presupuestado para 2011. No debemos pasar por alto que el TAV ha levantado una amplia oposición social por tratarse de una infraestructura de dudosa utilidad social, incierta viabilidad económica y gran impacto medioambiental.

Volviendo a la cuestión del empleo debemos recordar que, según los datos publicados por el Eustat (relativos al tercer trimestre de 2011), en el último año se han destruido alrededor de 21.400 puestos de trabajo en la CAV. El paro no ha dejado de crecer y, según las mismas fuentes, la cifra de desempleo aumentó en 19.000 personas con respecto al año anterior. Esta situación ha elevado a 36.000 el número de hogares con todos sus miembros en paro.

Por otro lado, a medida que la crisis se prolonga y disminuyen las oportunidades para encontrar empleo, las situaciones de paro tienden a cronificarse y las prestaciones se agotan. Según los servicios públicos de empleo, de cada 100 personas registradas como paradas en la CAV hay 44 que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo.

Llegados a este punto también debemos criticar el cinismo del que hace gala el gobierno cuando dice que su prioridad más urgente será la de atender a las personas más desprotegidas y mantener los actuales esquemas de protección social. Conviene indicar que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales impulso una reforma que ha endurecido los requisitos para percibir la Renta de Garantía de Ingresos, destinada a cubrir los gastos básicos para la supervivencia de las personas sin ingresos; una reforma que fue aprobada en el parlamento con los votos de PSE y PP. Pero no conforme con esto el gobierno de Lakua vuelve a ensañarse con el colectivo más vulnerable, y ahora pretende reducir en un 8% la cuantía de esta prestación social.

Por tanto, mienten descaradamente cuando dicen que se comprometen a garantizar las prestaciones sociales básicas y la oferta de servicios públicos. Tras sucesivos años recortando el presupuesto resulta grotesco afirmar que se van a realizar nuevos ajustes sin afectar a la prestación de servicios públicos básicos. Es imposible mantener los mismos servicios públicos con una dotación presupuestaria cada vez más pequeña.

De la misma forma, resulta inverosímil que se pueda continuar reduciendo el presupuesto sin debilitar el gasto social, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 70% del gasto público está destinado a objetivos de naturaleza social.

Pero no nos dejemos engañar ante la imagen de unos presupuestos aparentemente "sociales". El elevado porcentaje de gasto que los presupuestos del Gobierno Vasco dedica a fines sociales es fruto del reparto competencial entre la administración del Estado y la autonómica. La mayoría de las competencias transferidas al Gobierno Vasco son de marcado carácter social (sólo educación y sanidad absorben el 57% del presupuesto), pero existe un amplio catálogo de competencias "no asumidas" que son ejercidas por Estado y cuyo montante prácticamente representa la mitad de los Presupuestos Generales del Estado. Lógicamente estos gastos no figuran en las cuentas de la CAV, aunque tengamos que contribuir a sostener dichas cargas a través del Cupo que pagamos al Estado.

Además del recorte del gasto social y de las prestaciones destinadas a las personas más necesitadas, Lakua pretende conseguir más "ahorros" adicionales atacando las condiciones laborales y salariales del personal al servicio de la administración autonómica. Y ya se sabe que la evolución de los salarios en el sector público constituye una referencia a imitar en las empresas privadas.

Hasta ahora el gobierno había decidido suspender con carácter general las sustituciones de personal para cubrir bajas o por acumulación de tareas. Ahora ha radicalizado su postura y pretende realizar una regulación de empleo público encubierta, amortizando puestos de trabajo que queden vacantes por jubilaciones. Además de los recortes de personal, los salarios se volverán mantener congelados un año más.

Estas medidas, además de agravar las condiciones laborales del personal al servicio de la administración autonómica y provocar una nueva merma de poder adquisitivo, también supondrán un deterioro añadido de los servicios públicos. Por tanto, el gobierno incumple su promesa de mantener los servicios públicos, avanzando así hacia el progresivo debilitamiento de lo que constituye uno de los pilares básicos de cualquier estado social de derecho.

Por el contrario, todo parece indicar que las propuestas de Confebask sí han dejado su impronta en la elaboración de estos presupuestos. Sin duda la patronal se sentirá reconocida al comprobar que el presupuesto para 2012 recoge entre sus objetivos reducir el tamaño del sector público y sitúa como prioritarias aquellas políticas que fomentan el incremento de la productividad y la competitividad.
En definitiva, patronal y gobierno comparten el mismo patrón de crecimiento, un modelo erróneo y orientado a potenciar la demanda externa, aunque sea a costa de deprimir la demanda interna, ya que los costes salariales y el gasto social son considerados un lastre para la competitividad. Por esa razón se adoptan medias dirigidas a disciplinar a la clase trabajadora y a reducir los costes laborales (salariales y sociales), decisiones que terminan socavando la renta disponible, debilitando la demanda interna y finalmente destruyendo empleo.

Por último, el gobierno de Lakua ha advertido que la actual crisis económico-financiera ha provocado una ruptura con el comportamiento previo de la economía, y los niveles de crecimiento ya no volverán a ser los de antes. En su opinión este hecho amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas y tendrá un fuerte impacto en la política presupuestaria de las administraciones públicas.

De esta manera el gobierno nos anticipa cuáles son sus intenciones para el futuro, y avisa que en adelante "la desaparición de los déficit va a necesitar del ajuste estructural". En definitiva, que apuestan por mantener los recortes actuales de forma permanente, aun cuando se remonte el actual ciclo negativo.

Gasteiz, 20 de diciembre de 2011.