La última reforma laboral, adoptada por decreto, supone una agresión en toda regla, con consecuencias realmente graves para toda la clase trabajadora: para quienes tienen empleo – al establecer mecanismos que lo precarizan (despidos más fáciles y baratos, mayor movilidad, negación del poder de negociación), así como para quienes se encuentran en desempleo (degradación de prestaciones,obligación de trabajos sociales, mayor presión para aceptar trabajos inaceptables,…).
Consecuencias directamente relacionadas con trabajadoras/es desempleadas:

1, Los efectos de la reforma a corto plazo van a suponer la destrucción de empleo, tanto en el sector privado como en el público, teniendo en cuenta que aumentan las facilidades para ello. En los próximos meses vamos a asistir a un crecimiento continuo de los índices de paro.

En Hego Euskal Herria, al final de febrero, 211.274 es el número oficial de personas en paro, el 15,45% de la población activa. El paro no deja de crecer. En el cómputo interanual, 19.952 personas más (un 10,42%) han sido expulsadas al desempleo.

Un total de 91.348 parados y paradas no cobran ningún tipo de prestación, a lo que se añade los recortes y disminución de cuantías en la renta básica y renta de garantía de ingresos.

Estado español continúa a la cabeza del paro en la UE con una tasa del 23%, y le siguen Grecia con el 19,2% y Lituania con el 15,3%.
Además, está aumentando el número de personas paradas de larga duración, así como el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro: 49.000 en Hego Euskal Herria (en Nafarroa 11.600 y 38.000 en la CAV).
Es evidente que las decisiones adoptadas por los gobiernos europeos no tienen como prioridad salir de las crisis, sino fijar las condiciones de cómo vamos a salir de la misma. En este sentido no cabe duda que su objetivo consiste en reestructurar el sistema capitalista para impulsar la competitividad empresarial a costa de las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora, y reducir la intervención del sector público en la economía. En definitiva, se están sentando las bases para reforzar un modelo de reparto de la riqueza más favorable a los intereses del capital.

2, De ahora en adelante, acceder al mercado laboral no va a asegurar unas condiciones de vida mínimamente dignas. El puesto de trabajo ya no es garantía para escapar de la pobreza. El aumento de la explotación implica mayores beneficios para una minoría a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora. Los bajos sueldos y los contratos eventuales y a tiempo parcial hacen que más del 15% de los trabajadores y trabajadoras sufran esta situación.

En Hego Euskal Herria sigue creciendo el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. 900.000 personas (trabajadores y trabajadoras con diferentes modalidades de contratos, parados y paradas, pensionistas y jubiladas,…)

Paralelamente, el aumento de las desigualdades sociales sigue aumentando de forma imparable, quedando en evidencia el injusto reparto de la riqueza social. Las rentas del trabajo están perdiendo peso en relación a la riqueza total, mientras está aumentando las de capital. Entre 2002 y 2008, esta brecha social no ha dejado de crecer: mientras las rentas más altas lo han hecho en un 114,52%, los salarios y pensiones no dejan de perder poder adquisitivo.

Al mismo tiempo, el descenso de los niveles de consumo, los niveles de endeudamiento, los deshaucios, el aumento de personas que recurren a organismos de solidaridad, el recorte de prestaciones y ayudas sociales… son muestras del empeoramiento generalizado de las condiciones de vida.

3, En el caso de las nuevas contrataciones que se puedan producir, éstas vendrán marcadas por contratos precarios, condiciones laborales sometidas al capricho de la patronal, donde el paso del empleo al desempleo se va a volver tremendamente fácil. Un ejemplo de ello lo encontramos en la mano del nuevo “contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores” .

Este contrato que cuenta con bonificaciones a la seguridad social y deducciones fiscales en el caso de contratar personas desempleadas beneficiarias de una prestación contributiva. De esta manera, se discrimina aquellas personas que no cuentan con una protección de estas características (porque han agotado las prestaciones porque no han generado condiciones para acceder a las mismas) condenando a las personas desempleadas a seguir en esta situación de por vida. Con la reforma, el empresario que contrate a una persona desempleada que está cobrando el subsidio tendrá derecho a una bonificación % de la cuantía de ese subsidio. Entonces, ¿para qué va a contratar a un parado sin subsidio o que cobre los 400 €?.

La trabajadora o trabajador así contratado “podrá voluntariamente compatilizar cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de la contratación”. Esta previsión supone altera la naturaleza de la prestación por desempleo que pasa ahora, además de tener la finalidad sustitutiva ante la falta de rentas salariales por encontrarse en situación de desempleo, a añadirse la finalidad de subvencionar y complementar bajos salarios.

4, La obligación de realizar trabajos sociales por parte de las personas paradas. Este hecho pone de manifiesto la miseria moral de las actuales políticas económicas y sociales en favor de los beneficios de una minoría. Y una manifestación de este comportamiento miserable es el de buscar la división entre la clase trabajadora, creando chivos expiatorios que desvíen nuestra atención de los culpables de la situación en la que nos encontramos. Ayer fueron las personas migrantes, después quienes reciben las rentas básicas y ahora las personas paradas.

Ultimamente estamos asistiendo a un auténtico reguero de decisiones que trata de culpabilizar y criminalizar a todas aquellas personas a las que se les ha negado un trabajo digno y carecen de recursos económicos suficientes para vivir autonomamente. Y para ello no dejan de utilizarse todo tipo de mentiras y señuelos.

Quien es expulsado al paro no lo ha elegido. ¿Quién decide estar en el paro? La persona parada no, sino quien firma y aprueba EREs de extinción, quien despide, quien pone fin a un contrato temporal,… Ahí están los verdaderos responsables, que la nueva reforma laboral pretende encubrir y proteger.

Se quiere utilizar a las personas paradas como espejo en que la clase trabajadora pueda reflejarse para aceptar lo inaceptable, obligándolas a un estado de disponibilidad permanente para cubrir cualquier puesto de trabajo. Y esto es, y no otra cosa, lo que se esconde detrás de la obligación de realizar tareas sociales.

Esta reforma niega el derecho a la libre elección de empleo, a la formación voluntaria y el reciclaje, a la vez que desvirtúa la prestación como derecho derivado de la cotización previa de los trabajadores y trabajadoras.

Para hacer frente a esta situación, reivindicamos que:

1. Las mujeres y hombres desempleadas, somos parte de la clase trabajadora. Es por ello, que nos comprometemos a seguir peleando y reivindicando por la mejora de nuestros derechos laborales y sociales.

2. Las trabajadoras y trabajadores en desempleo, nos adherimos a la Huelga General del 29 de Marzo. Nos negamos a que se nos utilice y manipule como justificación de la reforma tal y como lo hace el PP. No es una reforma a nuestro favor. Es una reforma pensada para destruir y precarizar el empleo en favor de la patronal. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de participar de manera activa en la respuesta que de manera contundente la clase trabajadora de Euskal Herria tenemos que articular frente a un Estado totalmente sumiso a los intereses del capital, interesado exclusivamente en su supervivencia.

3. Es necesario construir otra Euskal Herria. Una, donde los y las protagonistas sean la clase trabajadora vasca y sus intereses. Un modelo basado en el reparto del trabajo, en la creación del empleo de calidad, y en el reparto de la riqueza.

4. Para LAB resulta evidente que nada se puede esperar de quienes están sometidos a los intereses del capital. Es ya una tarea urgente poner las bases para construir un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, ya que ésa es la única manera de protegernos de todas estas agresiones: decidir y constituir aquí cuáles son las normas que rigen nuestras relaciones laborales, libres de imposiciones y garantizar que todas las personas cuenten con los medios económicos necesarios para poder vivir con dignidad.