Hablamos de un fraude fiscal de miles de millones de euros que ha beneficiado no solamente a muchas personas, sino también a multitud de empresas. Un fraude fiscal que tiene un principal damnificado: la sociedad gipuzkoana, ya que se ha privado de recursos públicos que deberían haber sido destinados a sus necesidades.
El caso que se está juzgando no se trata de un caso puntual, sino de un fraude que se llevó a cabo durante quince largos años. Es imposible perpetrar un fraude de esta envergadura durante tanto tiempo sin la connivencia y la complicidad de los cargos políticos de la diputación durante este tiempo, por acción o por omisión, ya que o bien eran conscientes de la situación o bien no realizaron el trabajo de control que deberían haber llevado a cabo. No se pueden tirar ahora balones fuera. De hecho se fijaron responsabilidades políticas en el caso de varios cargos políticos del PNV y entre ellos el diputado general Sr. Txabarri; así como de la misma manera se podía haber hecho con el Sr Olano o con el candidato Eneko Goia, asesor por aquel entonces en la DFG.
En este juicio no están sentados todos los responsables directos o inductores, se quiere buscar una cabeza de turco para eludir otras responsabilidades tales como la asesoría de la Avda de Tolosa de Donosti y su nicho de empresas. ¿Donde está, por ejemplo, el Sr Victor Bravo ex senador del PNV y responsable de Hacienda? Ya se han publicado informaciones al respecto y nuestro sindicato hecho cuantos informes han sido necesarios dirigidos a la diputación foral y a la fiscalía con prácticamente nula incidencia. No es extraño en este contexto que se nos expulsara como acusación popular poniéndose una fianza inasumible.
Es lamentable la explicación tan sencilla que tiene esta situación: si situaciones como ésta se producen, es debido a la penosa política fiscal que se viene realizando desde lejos. Una política fiscal que está dirigida a penalizar las rentas del trabajo y beneficiar las rentas del capital, a reducir los impuestos directos y aumentar los indirectos, y que por esta razón propicia enormes bolsas de fraude que, además, no han sido combatidas por las instituciones responsables de ello.
La clase trabajadora de Gipuzkoa no se merece esta clase política que sólo mira sus intereses y se niega a asumir responsabilidades. No se merece que le hagan pagar las consecuencias de todas sus nefastas políticas.
En este sentido, interpelamos a las Diputaciones, para que persigan y pongan en marcha un plan contra el fraude fiscal para que en un futuro inmediato, este tipo de delitos, estos robos organizados, salgan a la luz y todos sus responsables paguen por ello.
Además, exigimos que se devuelva a la sociedad lo robado, articulando los mecanismos necesarios para que ese dinero vuelva a las arcas públicas, y se destine a las tan apremiantes necesidades sociales que en este momento tiene la población gipuzkoana.