En los convenios suscritos en el 2014, que hasta su repentina retirada figuraban en la página web del SNE, queda patente que parte del dinero del Servicio Navarro de Empleo ha ido directamente a pagar nóminas de liberados de la estructura de UGT y CCOO. El análisis de las actividades recogidas en dichos convenios arroja la conclusión de que las actividades se han inventado ad hoc para justificar el pago a UGT y CCOO: se recogen acciones propias de cualquier sindicato tales como "reparto de folletos", "visitas a empresas" o "seguimiento de convenios".
Respecto a los convenios del 2015, el Gobierno de Navarra, escudándose en la "protección de datos", ha eliminado los nombres de las personas de UGT y CCOO que han recibido su nómina con dinero público, evitando que se pueda comprobar si también se ha producido la misma irregularidad. En cualquier caso, aparecen datos escandalosos como que un liberado de CCOO no identificado cobre 68.300 euros, 1.000 menos que la Presidenta del Gobierno, por visitar empresas para "fomentar y analizar la estabilidad y calidad en el empleo y sensibilizar sobre el empleo no declarado".
Ante este panorama, Mari Paz Fernandez se ha limitado ha defender la legalidad de dichos convenios, el mismo pretexto utilizado por UPN en el caso de las dietas de Caja Navarra. Esta actitud no casa con el compromiso del Acuerdo Programático de realizar la "auditoría y revisión de las actuaciones más relevantes desarrolladas en el terreno de la gestión pública". Al contrario, el Gobierno pretende en este caso echar tierra sobre las irregularidades. LAB exige al Gobierno que rectifique, que ofrezca los datos del 2015 que ha ocultado y que se atenga a las evidencias denunciadas.