Recientemente organizaciones y plataformas sociales de la CAV han denunciado el abuso policial y hostigamiento a las personas perceptoras de la Renta de Garant\u00eda de Ingresos. Abusos de poder que van desde polic\u00edas que se dirigen a los barrios donde viven las personas para sondear entre los vecinos con qui\u00e9n residen, qu\u00e9 horarios tienen, d\u00f3nde trabajan o a qu\u00e9 escuelas van sus hijas e hijos, hasta entrar en las casas de las personas para obtener estas informaciones.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Sindicato LAB rechazamos cualquier tipo de abuso de poder cometido por la Administraci\u00f3n P\u00fablica y sus representantes. Es inaceptable que, ante el empobrecimiento estructural que genera este sistema capitalista, heteropatriarcal y racista, la Administraci\u00f3n P\u00fablica priorice perseguir a las personas empobrecidas y perceptoras de la RGI, en lugar de afrontar las causas y abordar las consecuencias de estas realidades. De hecho, cuant\u00edas insuficientes, obst\u00e1culos en el acceso a esta prestaci\u00f3n y endurecimiento de las medidas de control y criminalizaci\u00f3n de las personas perceptoras son las bases de la reci\u00e9n aprobada reforma de la RGI.<\/p>\n\n\n\n
Consideramos especialmente grave el abuso y la vulneraci\u00f3n de derechos que supone la invasi\u00f3n de los domicilios para el control de las personas perceptoras de la RGI, y la gravedad a\u00f1adida que supone que sean los cuerpos policiales quienes realizan estas \u201cinspecciones\u201d, ya que la visita domiciliaria no es un mero acto administrativo y tiene lugar donde las personas desarrollan su intimidad y vida cotidiana. Ya durante el debate parlamentario cuestion\u00e1bamos la capacitaci\u00f3n que pueda tener el personal de Lanbide para realizar este tipo de inspecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hoy vemos c\u00f3mo las inspecciones domiciliarias se est\u00e1n convirtiendo f\u00e1cilmente en un mecanismo de control, estigma y persecuci\u00f3n de la mano de las fuerzas policiales; en un mecanismo de coacci\u00f3n del libre consentimiento, ya que la \u201cobstrucci\u00f3n\u201d o la \u201cresistencia a colaborar\u201d se considerar\u00e1 una infracci\u00f3n grave que puede conllevar la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, los abusos de poder que se est\u00e1n denunciando son el reflejo de un Gobierno Vasco que no busca combatir la pobreza, sino mantener un sistema insuficiente en el que un tercio de las personas en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n no acceden al sistema de protecci\u00f3n social y alimentar un falso imaginario de \u201cpersonas pobres\u201d como amenaza, coste y gasto deficitario (el fraude no llega ni al 0,5% de la prestaciones).<\/p>\n\n\n\n
Por ello, desde LAB reclamamos el cese inmediato de estos abusos policiales y que frente a estos se establezcan garant\u00edas y protecci\u00f3n para las personas perceptoras de la RGI. Tambi\u00e9n reivindicamos que se tomen desde ya medidas para garantizar unos ingresos suficientes para una vida digna como son aumentar las cuant\u00edas de la RGI o el complemento de las pensiones hasta 1.080 euros.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, remarcamos que es necesario un debate integral, interseccional y participado sobre las pol\u00edticas p\u00fablicas y sociales que queremos en Euskal Herria. En LAB apostamos por el reparto justo del empleo, los cuidados y la riqueza para transformar el modelo socioecon\u00f3mico actual, injusto y desigual, que es el que reforma el actual modelo de RGI.<\/p>\n\n\n\n
Informe completo sobre la nueva ley que regula la RGI<\/p>\n\n\n\n
Recientemente organizaciones y plataformas sociales de la CAV han denunciado el abuso policial y hostigamiento a las personas perceptoras de la Renta de Garant\u00eda de Ingresos. Abusos de poder que van desde polic\u00edas que se dirigen a los barrios donde viven las personas para sondear entre los vecinos con qui\u00e9n residen, qu\u00e9 horarios tienen, d\u00f3nde trabajan o a qu\u00e9 escuelas van sus hijas e hijos, hasta entrar en las casas de las personas para obtener estas informaciones.<\/p>\n","protected":false},"author":1191,"featured_media":54762,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[2994,2898,2899],"tags":[3182,3178,3713,1156],"class_list":{"0":"post-56168","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-accion-social","8":"category-precariedad-y-pobreza","9":"category-prestaciones-sociales","10":"tag-accion-social-es","11":"tag-destacado-1","12":"tag-pobreza","13":"tag-rgi"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1191"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56168\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54762"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}