El debate presupuestario está encima de la mesa, pero poco o nada incidirá en lo ya establecido. Todo está decidido. Tanto el Gobierno foral navarro, sustentado por la coalición formada por UPN y PSN, como el de la CAPV, de la mano de PSE-PP, han optado por ajustar y recortar los presupuestos en una situación social muy grave. Más allá de la retórica empleada, es evidente que los recortes vuelven a afectar al gasto social.
En Hego Euskal Herria, 478,482 personas se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, es decir una de cada cinco. 200,000 personas están desempleadas, casi 71.000 personas son perceptoras de Rentas Básicas, cada día tienen lugar 7 desahucios de vivienda, más de 300.000 pensionistas reciben ingresos por debajo de los 650 euros,…Pero nada se hace para atajar esta situación. Muy al contrario, los Gobiernos deciden profundizar en la política de recortes. Y además lo hacen ensañándose con el colectivo más vulnerable, el que está soportando las peores consecuencias de la crisis; sólo así se puede entender la reducción de la cuantía en la Renta de Garantía de Ingresos.<\/p>\n
En opinión del sindicato LAB no se pueden seguir sacrificando las políticas sociales y los servicios públicos, porque está en juego el mantenimiento de un nivel de vida mínimo para quienes están sufriendo directamente las consecuencias más duras de la crisis, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos básicos (como la educación y la sanidad) que el mercado no es capaz de garantizar para amplios sectores de la sociedad.<\/p>\n
Mientras quienes gobiernan en Gasteiz e Iruñea apuestan por el desempleo, la precariedad, los recortes en la protección social, el perdón fiscal a los ricos a las empresas, más que nunca cobra sentido la apuesta por un cambio económico y social. <\/p>\n
Un cambio que impulse políticas fiscales solidarias que permitan redistribuir la riqueza (mediante presupuestos que prioricen el gasto público social) donde se establezca un salario social que permita vivir con dignidad, el fortalecimiento de los servicios públicos, la creación de empleo de calidad y el reparto del trabajo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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