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El equipo de Andoni Ortuzar de EITB utilizó dinero público para crear y gestionar una empresa privada. Cuando iba a perder el escaso control público la dejó a manos de amigos de confianza y la endeudó en 700.000€ malversando presuntamente fondos públicos. El PNV, mediante tales prácticas, acostumbraba a eludir el control público, embolsarse beneficios y socializar pérdidas, y LAB ha denunciado que a eso le llame «buenas prácticas». <\/p>\n
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«Durante la gestión de EITB por parte de Andoni Ortuzar se creó una empresa con capital y control público, y antes de dejar el medio de comunicación de todos y todas cambió el control de dicha empresa a compañeros particulares de confianza. Esos compañeros llevaron a endeudar a EITB en 700.000€, mediante prácticas que pueden tener responsabilidades civiles o penales.<\/p>\n
Uno de los eslóganes que viene utilizando el PNV en su campaña electoral es el de “buenas prácticas”. Son precisamente las prácticas llevadas a cabo por ese partido que pretende llegar al gobierno las que nos provocan inquietud a los miembros de LAB. Expliquemos pues los opacos movimientos de la empresa VILAU MEDIA S.L. que creó EITB en 2005.<\/p>\n
Como decíamos, VILAU MEDIA S.L. se constituyó en 2005 con un capital de 60.000€. La mitad de aquél capital la puso EITBNET, y en la composición del Consejo de Administración se adjudicaron sendos puestos a EITBNET y ETB, de presidente y vocal respectivamente. Acudió en nombre de estas dos empresas Andoni Ortuzar como apoderado, y situó como sus representantes a Juan Diego y Mikel Agirre, director gerente y director de explotación de EITB respectivamente.<\/p>\n
En 2007 se dio un cambio muy llamativo en la composición del Consejo de Administración. De aquella manera desaparecían las representaciones de EITBNET y ETB. No obstante, es aún más sorprendente que en la nueva composición permanecían los dos representantes de esas dos empresas públicas, pero esta vez a título particular. Así desaparecía el escaso control público que pudiera tener VILAU, pero permanecían en el Consejo de Administración los compañeros de confianza de Andoni Ortuzar Juan Diego y Mikel Agirre.<\/p>\n
En junio de 2009, una semana antes de la llegada a EITB de la dirección acordada por PSE-PP VILAU solicitó un crédito de 700.000€ a la BBK. Ésta puso como condición que EITB cubriera el 100% del aval necesario. Pasado el tiempo, y cuando la empresa entró en serios problemas económicos, la BBK ordenó la ejecución del aval.<\/p>\n
Podemos afirmar que poner a EITB en semejante endeudamiento es ilegal. En consecuencia, detrás de estas “buenas prácticas” pueden existir responsabilidades civiles o penales, al haber existido un presunto delito de malversación de fondos, y ya estamos analizando su denuncia, tanto en los juzgados como en el mismo Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Nos gustaría saber qué va a hacer la actual dirección de EITB ante este presunto delito.<\/p>\n
EITB ha pagado 700.000 euros por un aval ilegal autorizado por sus antiguos responsables a una empresa privada. La privatización de servicios públicos es la práctica habitual de quienes hasta ahora han gestionado los servicios públicos, es un instrumento para eludir el control público y social, y la mejor manera de utilizar las administraciones para favorecer intereses privados y de amigos y allegados. Y esto no es una excepción, es una forma de gobernar la cosa pública por parte del PNV. Éste es especialista en crear este tipo de empresas en las que los beneficios van a su bolsillo y si hay pérdidas, las asumimos entre todos y todas. <\/p>\n
En Bilbo, 16 de octubre de 2012<\/strong>»<\/div>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El equipo de Andoni Ortuzar de EITB utilizó dinero público para crear y gestionar una empresa privada. Cuando iba a perder el escaso control público la dejó a manos de amigos de confianza y la endeudó en 700.000€ malversando presuntamente fondos públicos. El PNV, mediante tales prácticas, acostumbraba a eludir el control público, embolsarse beneficios […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10588,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10589","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-es-medios-de-comunicacion-es-servicios-publicos"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10589\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lab.eus\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}