LAB SINDIKATUA

2018/05/24 :: 19:50

Última actualización:2018/05/24 :: 13:05

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Exigimos a la administración la prohibición de contratar empresas de catering condenadas

Partekatu albistea
Entre 2003-2015, periodo analizado en la investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia se han encontrado indicios suficientes para hablar de acuerdo entre empresas de comedores para la fijación de precios. Estos 12 años han supuesto para todas un sobrecoste anual, al menos, de 7 millones de euros.

Esto ha supuesto que las familias y las trabajadoras han sufrido este fraude de una u otra forma, en la bajada de la calidad en el servicio y en los alimentos, o el deterioro de la situación laboral.

Afirmamos que han hecho frente al fraude, porque aunque la Autoridad Vasca de la Competencia habla que este sobrecoste se efectuó en el 35% correspondiente a la parte de la administración y no en la parte de las familias, debemos recordar que también ese 35% es dinero público, por lo cual es dinero de todas.

Las consecuencias de este sistema de adjudicación que marca en el reparto de la puntuación para la adjudicación el precio del personal como un 40% del total, trae consigo conflictividad laboral, como ya vino reflejado con el convenio firmado en 2011 tras 41 días de huelga.

La conflictividad laboral es debida al ajuste y recorte de condiciones laborales de calidad: jornadas dignas, formación de calidad (siendo en este momento de 6 horas anuales), euskaldunización real, todo ello inexistente en este modelo destinado únicamente hacer negocio.

Año tras año venimos viviendo recortes, como los que ahora se vuelven a plantear en la mesa de negociación actual.
La rebaja en el precio de la hora de personal lo volveremos a costear las trabajadoras. Lo que, advertimos, volverá a crear un clima de confrontación, que en última instancia volverá a afectar a un servicio público de calidad.

Esta situación es consecuencia de sacar a subasta la alimentación y la atención de nuestras hijas e hijos, de que unas empresas hagan negocio de ello. Empresas condenadas, en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia, y en segunda instancia por el Tribunal Supremo, por incurrir en una falta muy grave de la ley de competencia por acordar precios que siguen engordando los bolsillos de sus accionistas.

LAB exige que la administración, desde cualquiera de sus departamentos afectados (Hacienda, Educación, Administración y Servicios), articule el artículo 60 de la Ley de Contratación Pública y prohíba la contratación de estas empresas en la nueva licitación prevista. Además pedimos reclamar el dinero sustraído, lo que ayudaría a creer en la separación clara de acción entre el Gobierno Vasco y estas empresas delictivas.
 


 
 

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