LAB SINDIKATUA


2018/11/18 :: 23:28

Última actualización:2018/11/16 :: 11:45

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Movilización ante Berriztu en apoyo de la trabajadora despedida por denunciar acoso sexual

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Berriztu es una empresa que presta servicios a la Diputación Foral de Bizkaia. Una trabajadora de la misma denunció a un compañero de trabajo por acoso sexual. Después de que pasara un tiempo, la trabajadora que denunció el acoso fue despedida por la empresa.

LAB se ha concentrado hoy en Basauri, ante la empresa, para manifestar que no aceptarán ataques sexistas en el puesto de trabajo y denunciar la responsabilidad que tiene Diputación en este asunto.

Hace unos meses la empresa BERRIZTU tuvo conocimiento, a través de una trabajadora, del acoso sexual al que se veía sometida por parte de un compañero del mismo centro.

La trabajadora comunicó verbalmente a su superior la situación que estaba viviendo y durante muchas semanas, no hubo ninguna respuesta por parte de la empresa.

Es inaceptable que, ante el conocimiento tácito de un caso de acoso, la empresa eluda su responsabilidad e invisibilice la realidad.

Si bien estos hechos son sumamente graves, la situación empeora incluso más.

Tras la inactividad por parte de la empresa y la indefensión a la que la trabajadora se veía sujeta, varias semanas después tuvo que solicitar la baja por la tensión que la suponía trabajar en esas condiciones.

En este punto, tenemos que recordar tanto a BERRIZTU como a Diputación, que es obligación del empresario velar por la salud de las trabajadoras y trabajadores de la plantilla. Que están obligados a tener un protocolo frente al acoso que se asegure de dar la cobertura y la garantía a quienes lo sufren, y que destruya cualquier posibilidad de que el acoso sexual sea una práctica en los centros de trabajo y empleo.

Lejos de garantizar su salud o poner en conocimiento de la trabajadora el protocolo de acoso, de escucharla o de apoyarla en la situación la empresa, tras el primer día de baja nombró un comité para la gestión de la situación. Hay que volver a mencionar que había pasado más de un mes desde que la empresa tuvo conocimiento del acoso sin que hiciera nada, ya que la trabajadora siguió trabajando tras comunicarlo a la empresa y antes de coger la baja.

El comité que se puso en marcha no fue ninguna herramienta eficaz, ya que no dio traslado de ninguna de sus actuaciones, ni tuvo en cuenta el relato de la trabajadora, que les envío un escrito donde aparecían descritos los hechos cronológicamente.

Ella volvió a ser relegada de la situación que estaba viviendo, no se la escuchó, no se la tuvo en cuenta, no se la apoyo, no estuvo amparada.

El comité, que no vio indicios objetivos de acoso, pero cosa que parece contradictoria, con esa manifestación ofreció la opción del trasladado del trabajador que finalmente, fue trasladado de centro. La reincorporación de la trabajadora fue difícil. La situación era tensa ya que el trabajador había culpabilizado a la trabajadora del traslado. A pesar de esto, la empresa, en ningún momento le ofreció ayuda o se preocupó por saber cuál era la situación de la trabajadora.

Trascurridas una semanas, y tras un episodio en el que en el centro de menores en el que trabajaban, la seguridad de la trabajadora y de su compañero en el puesto de trabajo se vieron en grave riesgo y en el que tuvieron que llamar a la policía para poder salir de la situación, la empresa impuso una sanción muy grave a la trabajadora y procedió al despido de la misma.

La empresa, más preocupada de evitar que esta situación se hiciera pública que de la salud de la trabajadora, no sólo no se compromete con ella en el caso de acoso sino que valiéndose de una situación que le sirve de excusa despide a la trabajadora queriendo borrar su responsabilidad en su dejación frente a los hechos.

Los hechos son sumamente graves. Suponen un ataque a los derechos de la trabajadora, pero no sólo de ella sino de todas las trabajadoras que Berriztu tiene en plantilla. Lo que sucede a una nos sucede a todas y no dejaremos de dar respuesta a estas agresiones.

Hay que remarcar que el titular y responsable de los centros de menores es la Diputación de Bizkaia, que a través de convenios con ciertas fundaciones privatiza la gestión de estos centros.

¿Cómo es posible que en un centro cuya titularidad es Diputación ocurran estos hechos?
¿Dénde esta la garantía que tienen que tener los servicios sociales?

La permisividad por parte de la Diputación de Bizkaia y por parte de Berriztu es una muestra de la irresponsabilidad en la gestión de los servicios sociales. Es inaceptable que en una fundación dedicada al ámbito social cuya titularidad es la Diputación bizkaina se amparen hechos como estos.

No aceptaremos que ninguna situación parecida vuelva a ocurrir en la empresa ni en ningún otro lugar.

Tanto en los centros de trabajo como en las calles queremos vivir libres.
 


 
 

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